Este viernes se recuerda el primer lustro del desastre de construcción que provocó la muerte de doce personas. Una historia con muchos matices que está lejos del punto final.
Por Sebastián Aguirre Eastman / [email protected]
La noche del sábado 12 de octubre de 2013, Carlos Ruiz tuvo que correr para salvarse. Estaba en su apartamento cuando la torre 6 de la urbanización Space se derrumbó. Comenzaría entonces un camino tortuoso que, cinco años después, lo encuentra separado de su matrimonio, viviendo en arriendo y reclamando una indemnización, “justa” dice, en un proceso que, para su infortunio y el de otros propietarios, poco ha avanzado.
Al conmemorarse un lustro de la tragedia en la que murieron doce personas, los afectados por el desastre intentan recomponer sus vidas, pero para algunos ha sido difícil. A las pérdidas humanas, materiales y económicas, se les suman factores emocionales, producto del desgaste del proceso posterior de demandas y reclamaciones por auxilios e indemnizaciones.
Ruiz dice haber sido de los primeros en instalarse la madrugada del domingo 13 en la portería del edificio para reclamar responsabilidades. “Yo aquí no vuelvo a vivir”, vociferaba. Si bien su vivienda no estaba en la torre 6, la orden de evacuación surtida por la Alcaldía hizo que tuviera que buscar refugio entre sus familiares.
Fue como iniciar de cero, recuerda. Además de su apartamento, que cayó cuando la urbanización entera fue implosionada en septiembre de 2014, él perdió enseres que tenía dentro de la vivienda.
En la actualidad, este propietario lidera un grupo de doce personas que ha interpuesto acciones por estafa y urbanización ilegal, sin resultados concretos. “Hace quince días me llamaron a preguntarme quién soy yo y qué estoy reclamando. Es ridículo”, afirma.
El grupo de propietarios, explicó uno de los integrantes que solicitó la reserva de su identidad, se dividió entre quienes aceptaron la oferta inicial de indemnización que les hizo la constructora Lérida CDO y ya cerraron su proceso; un segundo conjunto que recibió el 40% de indemnización en dinero y un 60% en un porcentaje de propiedad del lote donde estaba la urbanización; y una tercera parte que sigue reclamando “lo justo”. Entre estos últimos está Carlos.
“Yo no pido, como están reclamando algunos, mil millones de pesos en indemnización. Solo quiero que me paguen lo que costó mi apartamento, 400 millones, y ya”, enfatiza.
“Tantos sueños enterrados”
Al igual que Carlos, Gustavo Ramírez no superó el impacto emocional de la tragedia y se separó de su pareja tras lo ocurrido. “Mi estado de ánimo cambió, me volví pesimista, no aguantamos”. Hoy vive en arriendo, luego de estar en casa de sus padres las primeras semanas luego del desastre.
Para Gustavo el golpe fue doble, pues además de ser propietario en Space también tenía una propiedad en Continental Towers, que dos semanas después del derrumbe del sábado 12 fue evacuada por deficiencias constructivas similares.
En su caso la constructora lo indemnizó con el 40% del valor de su apartamento y le dio el 60% en un porcentaje del lote que no se ha podido vender porque “una piedra del mismo zapato nos puso en un problema”.
Gustavo se refiere al caso de un propietario que fue el único que se negó a la venta del lote por 10 mil millones de pesos, que propuso el liquidador Marco Tulio Zapata (designado por la Superintendencia de Sociedades en la liquidación de la sociedad) para solventar las deudas que la constructora Lérida CDO tenía con sus acreedores.
“Si uno de los acreedores se negaba, no se aprobaba el negocio”, explicó Édgar Leyton, funcionario de la Supersociedades, quien agregó que dicho propietario no estuvo durante las negociaciones con la constructora y llegó al finalizar este proceso alegando que tenía derecho a reclamar por su cuenta y por ende la transacción por el lote se cayó.
Gustavo siente que los responsables de la tragedia se han burlado de los propietarios, no les pagaron algunos enseres que el derrumbe se llevó como neveras y electrodomésticos -“adujeron que en la negociación del 40% se entendía que eso estaba incluido”- y siguen sin responderles por lo que falta, cuando los apartamentos ya ni existen.
Además, como algunas de los propietarios ahora son propietarios en proindiviso (que pertenece a una o varias personas) sobre el lote, la Alcaldía les viene cobrando el impuesto predial a prorrata (por reparto según el porcentaje de propiedad), informaron desde la Secretaría de Hacienda.
“El negocio del lote sí tiene solución”
A diferencia de Carlos y de Gustavo, Javier Henao intenta ver las cosas con optimismo, aunque por supuesto tiene quejas respecto a las reclamaciones.
Él integra el grupo de quienes recibieron una indemnización parcial y esperan por más respuestas de la liquidadora. Su esperanza es que el lote, del que recibió un porcentaje de la propiedad, “se pueda vender”.
Javier estuvo viviendo donde una cuñada los tres meses posteriores a la catástrofe, y comenzó a recibir un auxilio de vivienda para pagar arriendo, hasta que este no llegó más.
Hoy, el propietario sigue a la espera que la liquidadora encuentre recursos para cancelarles lo que se les debe, y que el lote se venda, pues allí, dice, “está enterrada nuestra esperanza”.
¿Qué pasó con los responsables?
La constructora Lérida CDO entró en proceso de liquidación. La Superintendencia de Sociedades designó a Marco Tulio Zapata como liquidador. Según la entidad, el dinero para atender a los acreedores se acabó y no hay ni con qué hacerle mantenimiento ni vigilar el lote, menos para pagar las deudas. Al liquidador se le han pagado sus honorarios con una porción del lote.
Pablo Villegas, representante legal de CDO, fue condenado en 2017 a 51 meses de prisión que cumple en su domicilio y cerca de 45 millones de pesos; Jorge Aristizábal, el ingeniero calculista de Space, recibió 50 meses de prisión y 57 millones, y María Cecilia Posada Grisales, directora de la obra, 49 meses y 35 millones, todos por el delito de homicidio culposo en la muerte de Juan Esteban Cantor.
Con las familias de los once fallecidos restantes la constructora concilió e indemnizó.
Las otras edificaciones afectadas
Dos semanas después del desplome de Space, la urbanización vecina Continental Towers, también construida por CDO, tuvo que ser evacuada por las mismas deficiencias constructivas. Allí fueron 70 los propietarios afectados. Cinco años después, y tras fracasar el proceso de negociación directo entre la constructora y los afectados, el lunes 8 de octubre comenzaron en los juzgados las denuncias por la demanda grupal presentada por los afectados contra CDO, Concretodo (empresa que suministró el material que resultó defectuoso) y el Municipio de Medellín por no hacer control de legalidad a la propiedad.
Continental Towers hoy está en abandono, sin vigilancia ni mantenimiento.
Asensi, otra obra de CDO que estaba en ejecución en el mismo sector, tuvo que ser suspendida por las mismas causas. También está abandonada.
En ninguna de las situaciones anteriores la constructora cumplió una orden de la Superintendencia de Industria y Comercio que la obligaba a pagar las indemnizaciones a los afectados.
La causa fueron deficiencias constructivas
El 12 de octubre de 2013 la torre 6 de Space se derrumbó por deficiencias constructivas en las estructuras que soportaban la edificación, que terminaron cediendo, concluyó un informe de la Universidad de los Andes para la Alcaldía. La torre 5 quedó inestable y se decidió su implosión en febrero de 2014, pero el ejercicio resultó fallido y tuvo entonces que derrumbarse el conjunto completo en septiembre de ese mismo año.
