Hace año y medio que habrían desaparecido sus habituales condiciones de tranquilidad y seguridad para los residentes de 87 apartamentos en 7 edificios del sector de La Frontera, más específicamente, del barrio El Diamante 2, en inmediaciones de una casona devenida en bodega y centro de distribución, en la carrera 39A con calle 18B Sur.
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De acuerdo con voceros de este grupo de vecinos, la ruidosa operación diaria en dicho establecimiento, que empieza a tempranas horas de la madrugada y se puede prolongar hasta la media noche, estaría contraviniendo lo dispuesto por el vigente Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que definió ese sector como residencial de baja mixtura.
Su opinión es compartida por el Departamento Administrativo de Planeación de Medellín, que en oficio expedido el pasado 12 de julio reconoció que ese tipo de negocios no pueden funcionar en el predio mencionado. Pese a tal concepto, fue en realidad la secretaría distrital de Salud la que tomó cartas en el asunto y paró “hasta nueva orden” su operación.
“Creemos que como almacenan alimentos y medicamentos para clientes de Carulla y Droguerías Cafam, que son repartidos por los moteros de Rappi Turbo, con su promesa de entrega en 10 minutos, Salud encontró alguna anomalía que deben subsanar para seguir funcionando. Por eso vemos que están haciendo cambios locativos, con paredes de ´drywall’”, comentó uno de los vecinos afectados.
Vivir en El Poblado trató de contactar a los directivos de la firma logística responsable de la bodega y centro de distribución, pero se abstuvieron de dar declaraciones. Por su parte, desde el grupo de residentes quejosos explicaron que a partir de marzo no tienen contacto con los mencionados empresarios, “porque estamos cansados de reunirnos, explicarles los inconvenientes, hasta de hacer actas de compromiso que no cumplen. Por eso decidimos emprender acciones legales, dando conocimiento a las autoridades”.
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Esos mismos voceros expresaron su beneplácito por el cierre temporal, aunque esperan que sea definitivo: “No pueden tener permiso para funcionar, están irrespetando el POT. Nos preguntamos: ¿aquí primero abren el negocio y luego piden la licencia? Esperamos que el Distrito diga claramente que no pueden operar aquí y obligue su cierre”.
De acuerdo con la comunidad afectada, desde que entró en operación la bodega y centro de distribución, han visto aumentar el tráfico vehicular, el ruido por los camiones y motos, la seguridad en sus edificios y algunas situaciones de convivencia. “Todo el tiempo hay al menos 15 moteros ocupando espacio público o dentro del negocio, que tiene mallas y jardines como límites. A veces usan zonas verdes como baños y se expresan de forma grosera mientras esperan salir con los pedidos”, dijo una de las personas que vive en uno de los apartamentos cercanos a este lugar.
José Fernando Álvarez, líder cívico y miembro de la Mesa Ambiental de la Comuna 14, viene haciendo acompañamiento a esta situación, propiciando la instalación de una Mesa de Trabajo que arrojó su primer resultado, con la visita de los inspectores de la secretaría de Salud.
“Con este son dos casos que conozco de estos acopios y centros de distribución en zonas residenciales. El otro estuvo en Los Parra y presentaba los mismos problemas. Estamos seguros de que las empresas de marca desconocen en detalle esta situación, ya que ellos tercerizan esa distribución. Hay que hacerles llegar las quejas y los vecinos deben organizarse como en este caso”, concluyó Álvarez.
