Por Daniel Palacio Tamayo
Los inconvenientes en la ejecución de algunos proyectos han generado que quienes al conducir por El Poblado no le encuentren la utilidad y el beneficio al desarrollo de las obras adelantadas por el Fondo de Valorización. El desempeño de todo el proceso hace necesaria la revisión por parte de instancias de control como las interventorías, la Contraloría, la Procuraduría y la Personería que están contempladas en la ley, también de la veeduría ciudadana, los gremios, la academia, entre otros, que pueden presentar reclamaciones o recomendaciones frente a un proceso que para el caso de El Poblado representa 23 obras con una inversión aproximada de 423 mil millones de pesos.
Sin embargo ante las inconformidades que han manifestado los ciudadanos por diferentes medios, consultamos a los organismos de control y otras entidades que hacen seguimiento sobre las diferentes etapas contractuales que se deben seguir para el desarrollo de obras públicas, (en este caso a cargo de Fonvalmed) para saber si existen investigaciones en relación con los cambios en diseños, plazos, cuantías o en la operación que se han presentado en algunas obras, como por ejemplo la calzada incompleta de Los Parra con la Avenida El Poblado, el Puente de El Tesoro con la Superior, la 10 con la Superior, entre otros.
Hay eficiencia y eficacia, según la Contraloría
Según funciones constitucionales, la Contraloría hace control fiscal posterior, sin embargo, puede advertir riesgo y hacer observaciones sobre el posible detrimento patrimonial que puede originarse en un cambio técnico, de diseños o en un retraso en una obra.
En la auditoría para el periodo 2008- 2015, este órgano de control conceptuó que el Fonvalmed cumplía con los requisitos de eficiencia y eficacia en la gestión fiscal. En este informe se reportó una observación administrativa porque el Consejo Municipal de Valorización no acogió, sin sustento técnico, una zona de citación propuesta en un estudio de prefactibilidad. Igualmente, esta entidad conceptuó que no había mérito para una investigación por las diferencias entre los dos estudios de avalúos de tierras realizados en 2010 y 2013 por la Lonja de Propiedad Raíz. En su consideración ese proceso se ciñó al acuerdo 58 de 2008.
La Contraloría también estudió el sonado caso del cobro de valorización por 757 mil pesos al exsecretario de infraestructura de Antioquia, Mauricio Valencia, por la mitad de una propiedad en el condominio residencial de Cedro Verde. Para este organismo de control, ese cobro estuvo ajustado a la norma y la equidad tributaria.
En conclusión en el examen realizado por la Contraloría General de Medellín, el desempeño en materia fiscal por parte del Fonvalmed fue favorable.
La Personería de Medellín ha iniciado desde 2014, 15 vigilancias administrativas relacionadas con el Fondo de Valorización, de las cuales cuatro se remitieron para una solicitud de averiguación disciplinaria, las demás fueron archivadas sin recomendaciones.
En las primeras instancias de averiguación disciplinaria cursa una queja presentada por el Comité de Valorización, relacionada con el decreto 1420 de 1998 en el que según ellos los avalúos para obra pública sólo tendrían vigencia de un año, es decir, que no se podría haber cobrado sobre un avalúo vencido. Los demás procesos están relacionados con derechos de petición en los que ciudadanos pedían acompañamiento para adelantar reclamos por liquidación injusta del tributo especial.
La Procuraduría General de la República remitió a la Personería una queja de un contratista quien denunciaba presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación de un contrato de interventoría para la transversal Inferior con Los Parra y del paso a desnivel de la transversal Inferior con la Loma de Los González, proceso que también está en curso. Para asuntos técnicos en caso de que se investigaran sobre las quejas, por ejemplo en el puente de El Tesoro con la Superior, el ministerio público podría consultar a ingenieros, peritos y otros expertos.
En la investigación disciplinaria en la Personería de Medellín un proceso podría tardar hasta 5 años, porque si hay conductas que ameriten mayor investigación se pueden dilatar en el tiempo. Al concluir la investigación, la Personería de Medellín podría sancionar al funcionario responsable así este ya no esté en el ejercicio del cargo.
El Concejo, en silencio desde 2014
Esta corporación cumple una función de control político a las actuaciones de los funcionarios de la administración municipal. Sin embargo en una revisión de las actas de 2015 por medio de su página web, durante este año no se realizó ni un sólo debate de control a Fonvalmed y de seguimiento a las obras que fueron entregadas en ese periodo. La última vez que se trató en el recinto el tema de Valorización fue en agosto de 2014, cuando se debatió un proyecto de acuerdo por medio del cual se solicitaban vigencias futuras para las obras del Fondo. Ese mismo año se realizó en sesión ordinaria un debate de seguimiento “a la ejecución y avance de las obras de Valorización realizadas por el Fonvalmed” en el que se cuestionaron las diferencias entre el primer y el segundo cálculo del derrame.
Gremios: Cámara Colombiana de la Infraestructura
Los mismos gremios de la construcción pueden hacer un seguimiento al proceso contractual de las entidades públicas del ramo, pero estas acciones cumplen meramente una labor de recomendación y no son de obligatorio cumplimiento. La Cámara Colombiana de la Infraestructura, seccional Antioquia, destacó que Fonvalmed contrató por licitación pública el 79% de las obras y permitió el seguimiento de esa entidad a todos los procesos contractuales de obra pública que superan los 52 mil millones de pesos.
Sin embargo, el gremio de los constructores se pronunció en tres oportunidades sobre observaciones a Fonvalmed. La única recomendación que no acogió el Fondo quedó plasmada en una comunicación de octubre de 2015 de la CCI, en la que se asegura en unos de sus apartes: “Este proceso de contratación de la obra pública no valora ni incluye los riesgos previsibles en los formularios de las propuestas económicas, crea condiciones propicias para que el adjudicatario durante la ejecución del contrato, haga permanentes reclamaciones por la ocurrencia de siniestros, que pueden alterar en forma considerable no solo el costo, sino también el tiempo de ejecución de las obras”.
