En la petición, la empresa hace un recuento del capital invertido desde que EPM asumió la operación de Afinia, el 1° de octubre de 2020, y que se acerca a los $3,0 billones.
La compañía destaca que, con este presupuesto, se ha garantizado la prestación del servicio y logrando reducir significativamente las interrupciones en los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre; al igual que en once municipios del Magdalena.
En la carta, EPM resalta que busca soluciones que le aporten a la sostenibilidad de su empresa en el Caribe dada la dificultad para la recuperación de los indicadores de recaudo y pérdidas en la acumulación del saldo de la opción tarifaria, así como los altos incrementos de los costos de la operación comercial, que equivalen a los pagos realizados por Afinia a los agentes de la cadena eléctrica.
“Todos esto sumado a la falta de pago de los subsidios por parte del Gobierno nacional, que cubren estratos 1, 2 y 3, y la creciente cartera de entidades públicas como escuelas, hospitales y cárceles, entre otros, han tenido un fuerte impacto en la liquidez de la empresa”, anota el comunicado.
Se anuncia en la nota que bajo estas circunstancias todos los esfuerzos realizados por el Grupo EPM han sido insuficientes para lograr la recuperación de la cartera, revertir los indicadores de recaudo y pérdidas, y por ende satisfacer las expectativas de las comunidades atendidas por Afinia.
“Por lo anterior, EPM ha considerado dentro de las alternativas de solución su disposición para iniciar un proceso con el Gobierno Nacional en el cual éste pueda asumir la operación de Cesar y 11 municipios del Magdalena, territorios en los cuales la situación es mucho más compleja en materia de pérdidas y recaudo”, agrega.
En la nota, firmada por el gerente general de EPM, John Maya Salazar, el directivo le advierte al Gobierno que, de no tomarse las acciones y decisiones necesarias de manera oportuna, se vería comprometida la sostenibilidad de Afinia y por ende la prestación del servicio en su territorio, razón por la cual se reitera la inminente necesidad de aunar esfuerzos y el compromiso de los actores e instituciones que hacen parte de la cadena energética del país.
“A efectos de desarrollar lo expuesto, respetuosamente proponemos adelantar una reunión a la mayor brevedad posible, con el fin de avanzar en conversaciones que permitan encontrar una solución para la prestación del servicio de energía eléctrica en el área atendida por esta empresa en la región Caribe y en particular, en la alternativa aquí planteada”, concluye.
Además de todo el departamento de Cesar, los once municipios de Magdalena referidos en la nota son: Algarrobo, Ariguaní, Guamal, El Banco, Nueva Granada, Pijiño del Carmen, Sabanas de San Ángel, Santa Ana, Santa Bárbara de Pinto, San Sebastián de Buenavista y San Zenón.
La carta, con fecha del 17 de diciembre, está dirigida al presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, con copia a Andrés Camacho Morales, ministro de Minas y Energía; Diego Guevara Castañeda, ministro de Hacienda y Crédito Público; y Libardo Yanod Márquez Aldana, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.
