Seis reuniones de comisión accidental (siete meses) se demoraron los residentes del barrio Manila para lograr algunos acuerdos con la administración municipal, que les permitieran vivir un poco mejor en sus viviendas y en su entorno. Pero parece que todo va a tener que volver a empezar porque los comerciantes, que en su mayoría solo ahora empiezan a hacer presencia en las reuniones, no están de acuerdo con algunas de esas decisiones. Por ejemplo, no están de acuerdo con la prohibición de estacionar vehículos en las márgenes derechas de las calles y carreras del barrio, y su respectiva señalización.

En todas las discusiones los residentes habían manifestado inconformidad con varios restaurantes que se han asentado en la zona, con el ruido, con la inseguridad en algunas vías y, por supuesto, habían pedido a la Secretaría de Movilidad que estableciera la prohibición de estacionar en esas zonas, y las señalizara. Ya habían rechazado la posibilidad de instalar parquímetros, propuesta planteada por los representantes de la Alcaldía.

Aunque los avances eran pocos, para los habitantes ya eran significativos.
En la más reciente reunión de la comisión, realizada el lunes 16 de septiembre, quedó claro que a los comerciantes no les gusta esta medida. Estos plantearon la posibilidad de revivir los parquímetros o, a largo plazo, la construcción de una torre de parqueaderos en el barrio.

Ante este tire y afloje, el encargado de esta comisión, el concejal Carlos Mario Mejía, propuso que tanto residentes como comerciantes tengan unos encuentros para que lleguen a una solución concertada de aquí al 30 de septiembre, día en el que se realizará la próxima reunión (a las 4:00 pm en sitio por confirmar).

El presidente de la JAC, Rodrigo Molina, aprovechó para invitar a los comerciantes y residentes de Manila “para que se acerquen a la sede de comunal y participen en la Asamblea General del 29 de septiembre y logremos sacar decisiones en conjunto”.

Plata perdida
Astrid Velásquez, gerente de El Poblado, criticó que se vuelvan a cambiar las decisiones, pues advirtió que los dineros para las señalizaciones se habían logrado con mucho esfuerzo y la Secretaría de Movilidad había hecho la tarea. “Es que debemos entender que estos son recursos públicos que no se pueden malgastar”, dijo.

En igual sentido se pronunció la representante de la Personería de Medellín, Beatriz Sierra, al advertir que es muy importante que “todos los actores sociales, en este caso los comerciantes, participen de estos procesos desde el principio” y no solo cuando sienten que se tocan sus intereses.

En la reunión del 30 de septiembre también se espera que se conozcan en mayor detalle las decisiones ambientales y territoriales en cuanto a los muchos restaurantes que continúan llegando a la zona y que han suscitado quejas comunitarias. Por su parte, el inspector 14 A, Wbeimar Velásquez, informó que los representantes de los restaurantes Olivia y Barbacoa Burger serán citados antes del 30 de septiembre para notificarles “la decisión de fondo a propósito de la venta de licor en los establecimientos”.