En el Oriente antioqueño las historias de las familias desplazadas se cuentan por miles. En las últimas tres décadas, este flagelo generado por actores de la violencia ha estado presente en los 23 municipios de la subregión.
Mediante programas productivos y planes de estímulos desde la Unidad para las Víctimas se promueve el retorno de núcleos familiares desplazados a sus lugares de origen.
A Dolly Hernández Naranjo ya sus hijos se le crecieron. Hace 22 años, ella y su esposo debieron abandonar su casa y su parcela en la vereda Manzanares Arriba, de Sonsón. Una noche, sin pensarlo dos veces, cogieron en sus brazos a sus pequeños y huyeron hacia el sector de Llanadas, también en ese mismo municipio.
“Nos fuimos el mismo día que volaron el puente sobre el río Tasajo. La noche anterior habían retenido a mi esposo y a un hijo de 10 años para que les ayudaran a llevar el ganado de la finca hacia río Verde. Al día siguiente regresaron y nos dijeron que nos teníamos que ir”, describe.
Después de mucho pensarlo, y tras verificar las condiciones de integridad, 25 familias, incluida la de Dolly, decidieron regresar a la vereda y recuperar la tierra donde alguna vez cosecharon sueños.
“Cuando mi familia tuvo que huir yo tenía cinco años. A pesar de mi corta edad recuerdo que unos señores armados llegaban a la casa y le pedían cosas a mamá y papá. También pasaban frente a la escuela y nosotros nos escondíamos. Volvemos para renacer”, cuenta Erika Ospina, retornada de Sonsón.
Como parte de ese proceso, cada grupo familiar recibió 80 gallinas ponedoras, cuido para alimentarlas y malla para los corrales. Así mismo, la Unidad para las Víctimas les entregó herramientas, semillas, concentrados y otros implementos para labores de campo.
Acciones similares se llevaron a cabo con otro centenar de familias del corregimiento Mesopotamia, municipio de La Unión y de la vereda La Meseta, de El Peñol, donde se construyó una carretera, tipo placa huella.
“Estas ayudas las recibimos en memoria de las 14 personas de nuestra comunidad que murieron a manos de las autodefensas el 5 de enero de 2001, el más triste recuerdo que podamos tener”, detalla Jaime Absalón Giraldo, presidente de la Junta de Acción Comunal de esa vereda.
La inversión en favor de estas poblaciones retornadas suma más de $2.000 millones en proyectos agropecuarios y de obras como la construcción de casetas comunitarias, placas deportivas y mejoramientos de vías.
“En más de 30 municipios antioqueños hemos identificado familias con planes de retorno y reubicación, que se han dotado con cerca de 2.500 unidades productivas (negocios familiares) y alrededor de 300 proyectos comunitarios”, recalcó Claudia Patricia Vallejo Avendaño, directora de la Unidad para las Víctimas en Antioquia.
Más de 52.770 indemnizaciones económicas se han adjudicado para las víctimas de la violencia en el Oriente antioqueño por un monto total de $392.000 millones.
Estos planes también impactan positivamente en el desarrollo comunitario y de movilidad de miles de habitantes de estos territorios del Oriente antioqueño donde se adelantan procesos de retorno.
“Con el cultivo agrícola y producción avícola se busca que las familias retornadas mejoren su calidad de vida. Además, reciben dotaciones en insumos agropecuarios, herramientas e indumentaria para los trabajos del campo”:
Claudia Patricia Vallejo Avendaño, directora de la Unidad para las Víctimas en Antioquia.
