“A uno le dan cositas para hacerle daño”

Por Fernando Cadavid

Hoy tiene diez años, pero ya carga con dos abandonos. La historia comienza cuando dos días antes de fallecer en un accidente de tránsito, en 2009, su padre fue hasta la Comisaría de Familia del pueblo y suplicó que si faltaba, cuidaran de sus hijas hasta cuando fueran adultas.

La nena* nació el 14 de marzo de 2005; su hermana mayor, en 1999, así que ahora tiene 16 años y su madre la empujó a la prostitución desde los 11. La relación de pareja de los papás fue tormentosa. Un familiar cercano asegura que la mujer era callejera, mentirosa, que protagonizaba riñas frecuentes; “se daban duro”, recuerda. El marido descubrió que ejercía la prostitución y que consumía estupefacientes, pocos años después de casados. De allí la voz de alerta ante la comisaría local.

Debido al abandono en la crianza, las niñas pronto estuvieron en condición de calle. Mendigaban, mientras la desnutrición avanzaba. Muchas veces los vecinos las vieron dormir, tarde en la noche, en la acera de un bar, esperando la salida de la madre. Hasta que una familiar las llevó a la Comisaría de Familia. La institución estableció que ni los abuelos ni las tías reunían las condiciones para hacerse cargo de ellas. A la menor la llevaron a un hogar de paso.

Aquí interviene una tía paterna, residente en Medellín quien, conmovida por esa situación la solicita en custodia. La oficina acepta, previo el lleno de requisitos de ley, y se la entrega el 17 de septiembre de 2012, cuando contaba siete años (ubicación en familia extensa). La tía firma un acta que advierte la condición de “custodia provisional”.

Cuando la recibió solo se alimentaba con tinto, gaseosas y mecato. Se desmayó y vomitó con el primer plato de sopa que le hizo tomar. No sabía usar los servicios sanitarios, no controlaba esfínteres, llegó con la dentadura deteriorada y el cabello escaso, compuesto por unas hebras débiles, decoloradas. Pero a los dos días ya la tenía matriculada en una escuela cercana.

Dos años y ocho meses estuvo la niña con la tía en Medellín, donde mantuvo un comportamiento irregular: por épocas tranquila y “juiciosa”, en palabras de su acudiente. Otras, provocaba daños para llamar la atención, no atendía órdenes, de nuevo se mojaba en la ropa, mentía, se apropiaba de objetos, mostraba estados depresivos, e insistía en que quería regresar con la mamá. Estos comportamientos estaban asociados a los pocos encuentros que tuvo con la madre biológica, por disposición de la comisaría.

Pero superaba estas crisis. Solo en una ocasión hizo alusión a lo que pasó en las noches de calle en su pueblo, de manera velada: “Es que a uno le dan cositas para hacerle daño”.

A comienzos de mayo de este año la tía retornó a la niña a la comisaría. La difícil decisión obedeció a varios factores: una situación económica difícil, la ausencia de apoyo tanto de la comisaría como de la madre biológica y el estado de rebeldía en que cayó la menor. “Es que yo no quiero vivir más con mi tía”, manifestó en el colegio. Luego se sabría que albergaba la ilusión de que al salir de esta casa podría volver a vivir con su madre y su hermana.

Lo último que trascendió de la chiquilla es que asiste a una escuela en su pueblo, y que dice estar orgullosa porque estudia en el mismo salón donde lo hizo su papá. “Lo siento presente”, ha dicho. Está rodeada de primos de todas las edades. La abuela de 60 años y el abuelo de 88 conforman ahora su hogar sustituto.

El otro abandono
A los 45 días de haberla recibido, la tía volvió a la comisaría del pueblo a dar cuenta del comportamiento de la nena y a pedir apoyo sicológico y atención médica. La comisaría advirtió: “No se enamoren de ella, porque cuando la mamá modifique su comportamiento, se la devolveremos”. Esta había interpuesto una tutela buscando recuperarla. El juez falló dejando las cosas como estaban; entonces amenazó con que se la robaría y se iría a andar el mundo.

En marzo de 2013 la acudiente envió un oficio para insistir en que la comisaría le estaba vulnerando el derecho a la salud a la pequeña. Un año después, en 2014, esa oficina envió el caso a una de sus homólogas de Medellín. Mientras, a la tía nunca la llamaron y no hubo seguimiento: la abandonaron, se queja dolida. Debió intervenir el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que el expediente volviera a la oficina de origen. También el Instituto hizo notar que la tía tenía a la niña con un documento provisional, que ya había perdido validez: la chiquilla no podía estar en sus manos en ese momento.

Aparentemente todo se enderezó con una audiencia celebrada en diciembre de 2014 en el pueblo, con presencia de la madre biológica. Allí se ratificó que la tía materna seguiría legalmente con la custodia, pues el comportamiento sicosocial de la mamá no era apto para entregarle la hija menor, además de haber perdido autoridad sobre la mayor. Sin embargo, se convino que la vería cada mes y que aportaría dinero para sus gastos. Pero se alejó del pueblo y se desentendió de sus hijas.

Cuando la tía materna se vio obligada a reintegrar la niña a la comisaría no le pidieron firmar un acta del trámite, ni escucharon sus razones. Tampoco hubo una evaluación integral de cómo la regresaba. “Firmé para recibir y no para entregar. La funcionaria fue grosera y yo me sentí como entregando un mueble”, se queja. Con un “Usted ya no tiene que ver en este caso”, la despacharon.

Voces autorizadas
Frente a este caso, Luz Janeth Forero, directora regional del ICBF, se comprometió a pedirle al coordinador zonal del municipio donde ocurre esta historia que haga seguimiento a la niña y revise el caso.

Luz Janeth Forero,  directora regional del ICBF

Héctor Fabián Betancur, secretario de Inclusión Social y Familia

A su vez Huberney García, abogado del Proyecto Comisarías de Familia de Medellín, explica que si la comisaría del municipio no celebró la audiencia después de cuatro meses, ya perdió la competencia, la cual pasaba al juez de familia, para la decisión de fondo. Advierte que a la funcionaria le podrían abrir un proceso disciplinario.

También aclara que cuando ese despacho recibió la criatura debió tomarle una declaración juramentada a la tía paterna, para que ahondara en las razones por las cuales no seguía con el proceso; tenía que firmar y ratificar que accedió al cambio de hogar. Igualmente, era necesario evaluar el estado integral de la menor, en ese momento.

A su turno el secretario de Inclusión Social de Medellín, Héctor Fabián Betancur, previno sobre el riesgo que corre la nena, pues su hermana mayor la buscará para replicar la explotación sexual de que ella fue objeto.
*Se omiten nombres de personas y lugares para proteger la identidad de la menor.

Que de los 117 casos de vulneración de derechos (presunto abuso sexual) que han conocido las comisarías de familia en Medellín, este año, solo uno haya ocurrido en El Poblado, es dato equívoco. Para el abogado Uberney García puede suceder que debido a las condiciones socioeconómicas de sus habitantes, las familias afectadas no denuncien; prefieren encomendar los casos a sus abogados.

En la Comisaría de Familia de la comuna recomiendan que en estas situaciones se debe acudir al Caivas: Centro de atención integral a víctimas de abuso sexual, que funciona en el centro comercial Almacentro. Allí se presta un servicio especializado, con fiscales, sicólogos, médicos forenses, etc. Como dependencia de la Fiscalía recibe la denuncia, que luego es remitida a la comisaría si se trata de adoptar medidas de protección o de restablecimiento de los derechos del niño.

Frente a la problemática del menor vulnerado, la directora regional del ICBF Janeth Forero explica que la entidad dedica esfuerzos por educar al niño en la defensa de sus derechos: desata procesos de sensibilización sobre reconocimiento de su cuerpo, para que desarrolle capacidades para identificar cuándo las caricias tienen otra connotación, cómo manejar la relación con extraños y con sus mismos cuidadores.

Cuando la institución establece que ha habido una vulneración, el menor entra en un proceso administrativo de restablecimiento de derechos: un defensor de familia se apersona y acompaña el proceso, que puede incluir intervenciones terapéuticas. El gran objetivo, con la protección, es buscar que el niño afectado se sobreponga, que se reconstruya, para superar la huella que dejó el hecho violento.

Otra arista del problema es la explotación sexual comercial. El Secretario de Inclusión Social y Familia de Medellín dice que tienen 187 niños en proceso de acompañamiento sicosocial, buscando retirarlos de dicha explotación, mediante el programa de Casas-vida, que trata de alejarlos de la calle mediante múltiples actividades para que reflexionen junto con la familia acerca de la gravedad y consecuencias de esta práctica.

Esta problemática es diferente al abuso sexual en hogares y en familias que ni siquiera trasciende. Aclara que no es solo el contacto físico: es desnudar para fotografiar, es tocar, es inducir sicológicamente con intención perversa.