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El fin de semana pasado las autoridades entregaron el informe tras las visitas a 23 establecimientos abiertos al público en el Parque Lleras, Provenza, Barrio Colombia, variante Las Palmas y en los centros comerciales Río Sur y La Strada.
Como resultado de estas acciones se reportó la incautación de 25 botellas de aguardiente adulterado y 8 botellas de licor de contrabando en un local del parque Lleras.
Esta situación derivó en el cierre del lugar, inicialmente por 20 días, por parte de funcionarios de Rentas Departamentales, y la captura del administrador, quien deberá explicar la procedencia de estos productos.
En el operativo recibieron amonestaciones cinco locales por inconsistencias en la matrícula de establecimientos comerciales, y uno más por infringir el horario establecido. “A seis establecimientos ubicados en la calle 8 con carrera 38 se les solicitó moderación con el volumen de la música, solicitud que fue acatada de inmediato”, según se lee en el comunicado emitido el lunes 10 de marzo de 2014.
Edilma Escobar, coordinadora del programa Rumba Segura, informó sobre el decomiso de 1.000 productos entre cigarrillos y dulces que se vendían ilegalmente en el parque Lleras, así como el cierre a dos establecimientos por sobrepasar el horario permitido.
Para denunciar de inmediato
La funcionaria advirtió que “estas acciones derivaron en la instalación de un Puesto de Mando Unificado que estará todos los fines de semana en el parque Lleras y desde el cual se podrá atender de manera inmediata todo tipo de desórdenes, infracciones e ilegalidades”.
En una lectura más amplia, estos operativos se dan como respuesta a los pedidos de la comunidad y a la ratificación del Tribunal Administrativo de Antioquia de la acción popular que acogió las pretensiones de los residentes de Provenza y en general de los alrededores de los parques Lleras y el El Poblado. En ella se le ordenó al Municipio “diseñar, adoptar y ejecutar un protocolo o programa eficiente y efectivo para controlar las fuentes de emisión por ruido en el sector” y establecer medidas para contrarrestar varios problemas sociales denunciados.
Como se recordará, la sentencia inicial en favor de la comunidad fue proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Medellín el 8 de mayo de 2013.
