Al cierre de esta edición (miércoles 12 de febrero), la constructora Lérida CDO S.A no había presentado aún al Área Metropolitana el plan general de manejo ambiental para la implosión de la torre 5 de Space, prevista para el 18 de febrero. El Área Metropolitana ha advertido en varias oportunidades que de no presentarse a tiempo -y este ha corrido más de la cuenta- no podrá hacerse la implosión en dicha fecha. No entendemos cómo para un asunto tan serio, para el que solo faltan horas, se siga en ascuas, todo de cuenta de CDO.
Mucho menos entendemos la puerta que le ha dejado ahora abierta la Alcaldía a esta constructora, al permitir que se tome más espacio (21 días), para presentar un plan de “rehabilitación” de las torres 1 a la 4. La Alcaldía supuestamente lo hace para garantizar el restablecimiento de los derechos de los damnificados. Pero, ¿acaso esto no se contradice con lo que inicialmente había planteado la administración municipal, sustentada en la investigación de la Universidad de Los Andes, de que primaban la seguridad y el derecho a la vida?
Frente a la preservación de la vida, no hay negociación posible una vez que se evidencia un riesgo. Nos parece infame utilizar a personas que están en una condición de desventaja -como son los damnificados- para explicarles cómo organizar técnicamente unas torres que están casi en ruinas. Basta recordar apartes de lo que dijo hace menos de un mes el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Los Andes, Eduardo Behrentz, a los exhabitantes de Space: “La conclusión es básicamente que no es un edificio habitable, igual desde el primer día, desde la misma inauguración de la etapa 1, es un edificio que estaba en riesgo porque no cumplía las condiciones de sismorresistencia (…). La parte de la edificación que se mantiene en pie presenta en la actualidad un alto riesgo de colapso”. ¿Es que en menos de 20 días el diagnóstico dejó de ser tan grave, al punto de que CDO se puede dar el lujo de seguir dilatando el tiempo para presentar un plan de rehabilitación de unas torres que evidenciaron con una tragedia sus fallas? Como si fuera tan sencillo hacer milagros.
Lo que sí debe ser objeto de acuerdos justos e inmediatos es el reconocimiento económico a los damnificados, por todas las pérdidas que han tenido, no solo materiales. Sin dejar por fuera, claro está a las familias de las personas fallecidas el 12 de octubre, de las que ya poco se habla.
Ahora, ¿para qué quieren repotenciar las torres? ¿Para venderlas a incautos? Diría uno que nadie que sepa lo que pasó allí, quisiera comprar uno de esos apartamentos. Y, además, ¿quién aprobaría la mencionada rehabilitación? ¿Las mismas autoridades que pasaron por alto las falencias de sismorresistencia y demás en las que incurrió la constructora?
Y no cesan las preguntas: ¿Qué pasaría si la Alcaldía permite a CDO la rehabilitación de las torres? ¿Los damnificados estarían obligados a quedarse con los apartamentos y a venderlos por sus propios medios? Tremendo encarte. ¿Qué será mejor para ellos: negociar con CDO antes de conocer la respuesta de la Alcaldía, o después?
Más parece un juego de azar en el que los damnificados están negociando a ciegas. Lo preocupante es que en una situación tan incierta ellos sigan siendo los perjudicados, y terminen por aceptar cualquier propuesta con tal de ponerle fin a esta pesadilla.
