Antes de finalizar el año llegarán a Medellín 1.000 policías más a reforzar la seguridad y se crearán ocho zonas seguras, incluida una que cobijará a Barrio Colombia, Ciudad del Río, Villa Carlota y Manila.
Cuatro de las siete personas asesinadas este año en El Poblado eran jíbaros o tenían algún tipo de rencilla territorial. Al menos así lo revelan los informes policiales. El caso más reciente ocurrió el 21 de noviembre en la carrera 42 con la calle 9, dos cuadras abajo del Parque Lleras. Un hombre conocido como “Édgar”, identificado por algunos como expendedor de drogas, recibió tres disparos mientras llamaba por el teléfono público. El comandante de Policía en El Poblado, mayor José Andrés Pulido, atribuyó el hecho a ajustes de cuentas entre vendedores de sustancias ilegales.
Según algunas versiones de personas que frecuentan o trabajan en la zona, los responsables del crimen estarían intentando controlar este territorio para obtener hegemonía en microtráfico y vacunas, y a “Édgar” lo asesinaron por negarse a pagar la extorsión. No faltó quien mencionara la figura de las “convivir”.
El caso conmocionó a los vecinos, tal vez mucho más que en otras áreas de la ciudad, dado los pocos homicidios que ocurren en El Poblado. Solo hay que comparar los números con los del Centro, comuna que hasta octubre de 2013 sumaba 107 homicidios.
Pero, más allá de los peligros que se puedan presentar para los residentes de la comuna (en los siete homicidios no hay víctimas residentes de El Poblado), la situación trae consigo análisis sobre los movimientos del mundo ilegal en las calles del vecindario, situación que llega a plantear incluso la conformación de fronteras invisibles para vendedores informales, por aquello del control de las plazas de vicio.
Juan Diego Restrepo, investigador independiente del conflicto, ve como muy factible que estos homicidios tengan que ver con los reacomodos de las redes de tráfico de drogas que ven a la comuna 14 como un buen botín, no solo porque aquí están las zonas de entretenimiento más populares sino por la presencia constante de extranjeros.
“El jíbaro es siempre el eslabón más débil de la cadena de tráfico de drogas. En ocasiones trabajan con las dosis en consignación y reciben el 30 por ciento de lo que vendan. Generalmente hay un distribuidor que controla la zona, el cual evita que lleguen otros. Los vendedores de droga se someten entonces a la posibilidad de ser eliminados por un nuevo capo que llegue o por quien le vende, si se entera de que le compra el producto a otro”, dice Restrepo, quien deja claro que en términos de ilegalidad, El Poblado no es una isla.
Una red ilegal
Luis Fernando Quijano, director de la Corporación para el Desarrollo y la Paz, Corpades, denuncia de nuevo que “una ‘convivir’, o como sea que se llamen estos grupos, no funciona aislada, sino que hace parte de una estructura”. En su análisis habla de turismo sexual y de cómo “la comuna 14 está tomando fuerza como zona importante para prepagos (hombres y mujeres)”. Se refiere además a la venta de droga puerta a puerta o plazas móviles, que estarían en El Poblado ante la necesidad de los compradores de no verse inmiscuidos o identificados.
Quijano denuncia igualmente que “los llamados jefes y mandos medios de la Oficina del Valle de Aburrá y los Urabeños viven en El Poblado. Hay movimientos en la comuna para tomarse la Milla de Oro, la Zona Rosa, para turismo sexual, como corredor importante para diversión y expendio y para camuflarse”.
Extranjeros en un círculo vicioso
De prostitución y drogas en la comuna 14 también habla una reciente investigación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Empresa de Seguridad Urbana (ESU), la cual tomó como ejes del estudio a El Poblado y al Centro de Medellín durante los últimos dos años. Una de las conclusiones del informe dice: “Dentro de las fuentes de financiamiento de las estructuras criminales (…) se comprobó que la oferta de servicios sexuales se integra dentro de la cadena de valor, ubicando en el eslabón del consumidor al turista nacional y extranjero que visita la ciudad con una motivación de drogas y/o actividades sexuales (…)”. El documento también hace énfasis en que estas bandas tejen redes de distribución, venta, oferta de servicios sexuales y seguridad en su territorio de interés. Plantea, además, que “existe relación entre el consumo de drogas por parte de turistas que llegan a la ciudad y la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes”.
La investigación confirma, igualmente, la denuncia que se ha presentando por la llamada venta de vírgenes a extranjeros.
Al respecto, Juan Diego Restrepo, expresa que se ven casos en los que los hoteles, hostales y otros actores de estas zonas se ven inmiscuidos en estas prácticas de turismo sexual. “Incluso hay taxistas que tienen catálogos con prepagos y se convierten en el primer enlace para los turistas”.
Control territorial
Esa espiral de violencia que a veces parece menor pero que otras veces no da tregua en la ciudad, es explicada por Luis Fernando Quijano como producto de las acciones de las bandas. Afirma el analista que en julio de este año “se estableció el ‘pacto del fusil’. Es decir, un acuerdo entre la Oficina del Valle de Aburrá y los Urabeños, realizado en Santa Fe de Antioquia, ratificado días después en lo que se denominó el ‘pacto de San Jerónimo’. Allí se habría coordinado la partición de los negocios de las vacunas, que se establecieron en 10 mil a los pequeños comerciantes, 30 mil a los comerciantes medianos y 100 mil a las tabernas y supermercados. Este acuerdo incluiría, además, no matarse entre ellos. Al parecer esto llevará a que se organice a mediano plazo la entrega definitiva del Valle de Aburrá a los Urabeños. Estos se quedarían con las periferias y la oficina se quedaría con el negocio ilegal en el centro”.
Dichos acuerdos, según la tesis de Quijano, serían los determinadores de la disminución de homicidios este año en la ciudad y de que ya se contabilicen 34 días sin homicidios a lo largo del año, siendo los meses de agosto (con ocho) y octubre (con seis), los que más han aportado al consolidado. En 2011 los días sin homicidios fueron 15 y en 2012 fueron 13.
La Alcaldía y las autoridades, por su parte, atribuyen esta reducción al Plan Cuadrantes de Seguridad, a las nuevas estrategias en monitoreo tecnológico y a la capacidad operacional.
