Ley seca, cuarentena, restricción por barrios, suspensiones para usar el metro, multas… las autoridades no saben cómo más contener a sectores de la ciudadanía que no saben de pandemias ni letalidades. Entre el 15 de mayo y el 8 de julio la Policía intervino 3.266 fiestas en el Aburrá.
El 13 de marzo Medellín tenía tres casos de COVID-19, para el mismo día de mayo saltaron a 299 y el reporte más reciente de julio supera los 5.500. En cuatro meses.
Los números vienen expresando en la práctica lo que en febrero en esta ciudad conocíamos bajo el concepto de “exponencial” solo como fenómeno lejano. Pero todo cambió. El tono de los dirigentes también se alteró -“los próximos 20 días serán los más retadores”-, dijo este lunes el alcalde Daniel Quintero; “vendrá un número alto de casos y eso traerá una ocupación importante del sistema de salud en Medellín”, se sumó Lina María Bustamante, secretaria de Salud de Antioquia. Todo está cambiando, pero ¿se modificó también el comportamiento del ciudadano?
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El 10 de junio Medellín reportaba cuatro fallecidos y se abrió paso a una sensación de ser tierra de elegidos, protegidos, privilegiados; hoy ya son 62 muertes por la misma razón. Entretanto, la letalidad en poco más de un mes saltó de 0,6 % a 1.23 %, y si bien, como dice la secretaria Bustamante, la pandemia “no se puede trabajar desde el miedo”, haber entrado “en la etapa más peligrosa del virus”, según manifestó Quintero, tendría que generar por lo menos respeto y empatía: por las normas, o por la economía (no solo para que familias y empresas no se hundan en la quiebra sino porque “los servicios de salud nos van a costar mucho más”, explicó Bustamante), o respeto y empatía, los más fundamentales, por la vida, la propia y las de los demás.
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El 10 de junio Medellín reportaba cuatro fallecidos y se abrió paso a una sensación de ser tierra de elegidos; hoy ya son 62 muertes por la misma razón y vienen los días más retadores.
Ley seca, cuarentena obligatoria, restricción total por barrios, suspensiones para usar el metro, multas de 936.320 pesos… las autoridades no saben cómo contener a sectores de la ciudadanía que, bien sea por ignorancia o por extravío de prioridades -la necesidad laboral es un reto diferente-, no les entran en la cabeza pandemias ni letalidades. Ni el cuidado por la familia con la que conviven vale. Y no solo retan el virus sino que recargan el trabajo de las autoridades y se hacen obligar a cuidar su propia vida. Es el caso de quienes participaron en 3.266 fiestas públicas detectadas por la Policía en el Aburrá entre el 15 de mayo y el 8 de julio.
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En estos cuatro meses todo cambió menos la fórmula de éxito, o por lo menos de sostenimiento, contra la crisis: aislamiento, distanciamiento, protección, aseo. Hay que cumplir y no porque sea obligación con multa sino por un asunto de valores colectivos. De humanidad.
“Nos hemos encontrado que hay más gente contagiada de lo que se cree”, alertó el alcalde Quintero esta semana.
