El presidente de la República, Iván Duque, designó en la noche de este viernes a Luis Fernando Suárez Vélez como gobernador encargado de Antioquia, luego de la orden de captura dictada por la Fiscalía a Aníbal Gaviria Correa.
El decreto firmado por el primer mandatario indica que mientras la coalición que inscribió la candidatura del Gaviria Correa para Gobernador de Antioquia presenta la terna requerida y el Gobierno Nacional verifica el cumplimiento de los requisitos de los postulados, el Presidente de la República debe designar gobernador encargado.
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Suárez Vélez actualmente se ha venido desempeñando como secretario de Gobierno departamental. Ha sido gerente del Hospital Mental de Antioquia, jefe en la Dirección de Seguridad Social de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia y en la Alcaldía de Medellín fue secretario privado y vicealcalde de Gobernabilidad, Seguridad y Servicio a la Ciudadanía.
La posesión oficial se realizará este sábado 6 de junio al mediodía en el recinto de sesiones de la Asamblea Departamental.
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Contexto sobre la orden de captura a Aníbal Gaviria Correa
Por irregularidades de contratación, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia impuso la medida de aseguramiento privativa de la libertad al gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria.
El contrato tiene relación con el proyecto Troncal de la Paz, del tramo La Cruzada – Caucasia, y con hechos ocurridos entre 2004 y 2007.
Los delitos que le imputa la Fiscalía a Gaviria Correa, fueron contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
“El Fiscal encontró que en el contrato por valor de $41.663.432.778 se pactó inicialmente un anticipo del 25% y luego se amplió al 29%, lo que significó casi 1.500 millones de pesos más para el contratista”, informó el ente, que evaluó que se desconocieron en esa operación “principios de planeación y transparencia”.
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El anticipo reportado fue pagado sin la aprobación de una garantía contractual, omisión que generó que el contratista invirtiera más de 10.000 millones de pesos en maquinaria y equipos. Además se hicieron dos adiciones al contrato, por 4 mil millones y por 16 mil millones de pesos, que “tampoco habrían atendido los principios esenciales de contratación pública”, informó la Fiscalía.
