Por irregularidades de contratación, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia impuso la medida de aseguramiento privativa de la libertad al gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria.

El contrato tiene relación con el proyecto Troncal de la Paz, del tramo La Cruzada – Caucasia, y con hechos ocurridos entre 2004 y 2007.

La decisión fue comunicada este 5 de junio al presidente Iván Duque para que proceda con la suspensión del cargo del gobernador. Los delitos en los que incurrió Gaviria Correa, señaló la Fiscalía, fueron contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

“El gobernador era el representante legal del departamento y el ordenador del gasto”: Fiscalía

“El Fiscal encontró que en el contrato por valor de $41.663.432.778 se pactó inicialmente un anticipo del 25% y luego se amplió al 29%, lo que significó casi 1.500 millones de pesos más para el contratista”, informó el ente, que evaluó que se desconocieron en esa operación “principios de planeación y transparencia”.

El anticipo reportado fue pagado sin la aprobación de una garantía contractual, omisión que generó que el contratista invirtiera más de 10.000 millones de pesos en maquinaria y equipos. Además se hicieron dos adiciones al contrato, por 4 mil millones y por 16 mil millones de pesos, que “tampoco habrían atendido los principios esenciales de contratación pública”, informó la Fiscalía.

Al respecto, el gobernador Gaviria Correa manifestó que estáreunido con sus abogados para ofrecer una declaración pública y que cuenta con documentos que prueban que no tuvo participación en el contrato señalado. Atribuyó la situación a un caso promovido por sus contradictores en la pasada campaña electoral, en la que resultó elegido.