Que no se repita la historia
Baste recordar un poco de la historia reciente de la ciudad para cuidarnos de repetir un capítulo fatal del que aún vivimos los estragos
Preocupante la aseveración que hace el comandante de policía de la Estación Poblado, teniente coronel Fabio Rojas. Asegura que en algunos sectores de El Poblado hay comerciantes que están pagando a personas extrañas para que les brinden una supuesta seguridad y denuncia que hay una connivencia con estas personas ilegales.
En otras palabras y sin eufemismos, a esto se le llama extorsión o “vacunas”. Pero, más allá del término, puede ser el inicio de un camino sin retorno para que grupos delincuenciales se establezcan, amañen y afiancen en El Poblado.
Baste recordar un poco de la historia reciente de la ciudad para cuidarnos de repetir un capítulo fatal del que aún vivimos los estragos. Las “vacunas” hicieron su tristemente célebre irrupción en Medellín, sobre todo durante las dos últimas décadas del siglo pasado, años en que la ciudad y sus estadísticas de criminalidad la convirtieron en la más violenta del mundo. Algunas de estas extorsiones llegaron disfrazadas, de la mano de las llamadas milicias populares, adscritas a grupos guerrilleros como el ELN. La falta de presencia del Estado en varios barrios de la ciudad, hizo que muchos de estos personajes “vacunadores” fueran vistos por los desprotegidos ciudadanos como homólogos locales de Robin Hood, con la loable misión de protegerlos de la delincuencia e instaurar la disciplina en los barrios.
Situaciones similares se vivieron en otras áreas del departamento, donde surgieron grupos paramilitares que cobraban cuotas mensuales para proteger a los finqueros y lugareños de los desmanes de la delincuencia y de la guerrilla. Cuánta gente no pagó por una tranquilidad ficticia en aquel entonces y crió cuervos que después les sacaron los ojos. Cuando menos se pensó, numerosas zonas de la ciudad, el departamento y el país estaban invadidas por grupos armados sin más credo político que lucrarse de los ríos revueltos, bautizados bajo diferentes nombres, el último de los cuales es Bacrim, bandas criminales.
Pero es injusto trasladar a los ciudadanos inermes la responsabilidad por la legendaria incapacidad del Estado para proteger su vida y sus bienes y para construir un territorio con justicia social, que no sea caldo de cultivo para manifestaciones violentas. Eso le corresponde a las autoridades, y, en este caso concreto, a la Alcaldía de Medellín. Por eso ahora, cuando el alcalde Aníbal Gaviria está a punto de dar vida a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Plan de Desarrollo sigue en construcción, es el momento de mirar con lupa lo que está sucediendo en El Poblado y tomar decisiones que impidan que la “seguridad” de este territorio caiga en manos de delincuentes. En últimas, eso es gobernar.
