El alcalde Quintero le busca plazos extendidos a la entrega de obras pagadas mediante Valorización que rompieron la promesa de cronograma fijada el año pasado. Llegó marzo, no llegaron las obras.
Corría 2017 y el alcalde inauguró en julio el intercambio vial de la Inferior con Los Balsos dos años más tarde de lo prometido y por el doble del costo proyectado. Tres contratistas habían lidiado con la obra (¿o fue al contrario?) y tras el corte de la cinta este dijo: “Por fin la obra está lista. La recibimos en nuestro gobierno con todos los problemas técnicos y legales, pero el deber nuestro era sacarla adelante. Es una enseñanza, a la comunidad se le debe cumplir lo prometido”.
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Cinco años antes, otro alcalde había puesto la cara en el puente de la 4 sur, pero no reparó en el incumplimiento, solo destacó la obra como un “hito” de su antecesor. La fecha estaba corrida siete meses.
Cuando la administración es la afectada por incumplimientos de los contribuyentes es todo severidad. Por estatutos, aplica cobro persuasivo y luego la jurisdicción coactiva.
Sea como lo presenten, no cumplen, vecino; es corriente que las obras se embolaten en el calendario. Esos alcaldes fueron Federico, Aníbal y Alonso, y no son los únicos: a Ramos se le fueron los tiempos con el parque Lleras, Naranjo tuvo un dolor de cabeza en el deprimido de la 10A con la avenida El Poblado y ahora Daniel Quintero le busca plazos extendidos a la entrega de cuatro obras de Valorización. Hay una quinta, la vía Distribuidora Sur, que el Área Metropolitana prometió para octubre, luego para diciembre, más tarde para marzo y ahora dice que faltará tiempo. Y nada ocurre.
Los cronogramas pareciera que fueran solo un punto de partida, abiertos a la paciencia del ciudadano y al estrangulamiento del presupuesto y blindados de cargas de responsabilidad. Se retrasan, se elevan los costos y nada ocurre. Y algo debería suceder porque el tono de la administración cuando esta no es la que incumple sino la afectada es todo severidad. El estatuto de valorización indica que al tercer mes de retraso del contribuyente se aplica el cobro persuasivo y al sexto abre un caso de jurisdicción coactiva. Así le ocurrió a un ciudadano, del radicado terminado en 822, a quien le embargaron la cuenta de ahorros, le unificaron en una sola las cuatro cuotas que tenía en mora y lo pusieron en vueltas presenciales y telefónicas durante 28 días, además de que le compartieron información a cuentagotas.
No cumplen, vecino, no cumplen, y muestran una severidad que puede ser disuasiva, que es legal, pero no recíproca.
