La discusión en el país este miércoles por el pronunciamiento de la Corte Contitucional sobre la despenalización de aborto. El aborto en Colombia vida, salud y clandestinidad
A propósito de la interrupción voluntaria del embarazo –IVE– que se practicó una joven de 22 años en Popayán, que fue puesta en conocimiento público por parte del padre del niño, y del estudio de la Corte Constitucional sobre la despenalización total del aborto en Colombia, hablamos con algunas mujeres que se han practicado una IVE, bajo la causal de salud mental, además con médicos que conocen las consecuencias de estos procedimientos.
Contexto sobre el aborto en Colombia
En Colombia, según Profamilia, se realizan cada año 398.000 abortos clandestinos, de ellos se estima que el 30 % presenta algún tipo de complicación y el 10 % desencadena en la muerte de la gestante.
En 2005, la abogada Mónica Roa, directora del programa de Justicia de Género de la ONG internacional Women’s Link Worldwide, demandó la constitucionalidad sobre la ley que penaliza el aborto en el país. Por eso la Corte Constitucional aprobó mediante la Sentencia C355 de 2006 la despenalización en tres situaciones particulares: malformación del feto incompatible con la vida, violación y riesgo para la vida y salud de la madre.
En 1969, la Corte había acogido el concepto que aporta la Organización Mundial de la Salud – OMS-, que dice que la salud “es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.
Por su parte la Constitución de 1991 consagra el derecho de la población a la salud, a la información, a la dignidad, a la libertad, al libre desarrollo de la personalidad, a la no discriminación, a la igualdad, a la intimidad y a la privacidad.
Consecuencias en la salud pública
Durante 2005 hubo en Colombia 698.353 nacimientos de bebés vivos. Por cada uno de ellos se realizaron cuatro abortos, y a su vez por cada aborto reportado como complicado se proyectó que hubo entre siete y ocho más no reportados.
Un aborto seguro, según la OMS, implica un “riesgo extremadamente bajo” para la mujer. La mortalidad materna observada en los casos de abortos seguros es de no más de uno por cada 100.000 en el mundo. Y la morbilidad y la mortalidad asociadas a abortos son inferiores de las de un parto por cesárea a término, si el aborto se hace de forma temprana hasta la semana doce.
Del total de mujeres que se realizan abortos clandestinos e inseguros en el país, el 33 % sufre complicaciones que requieren atención médica y la prestación de servicios de atención posaborto. Esto le cuesta al sistema de salud unos 14.4 millones de dólares anuales. Un aborto legal cuesta entre 120.000 y 540.000 pesos.
Testimonios
María Alejandra
A sus 25 años se dio cuenta de que tenía una gestación de 15 semanas, no había percibido ningún síntoma y en sus planes nunca estuvo ser mamá.
“Creía que no era el momento para mí, estaba estudiando, haciendo lo que me gustaba, veía muy difícil tener una responsabilidad así”.
El día que se enteró del embarazo entró en shock. Cuenta que “nunca estuve preparada para algo así, entonces me metí a mil páginas web buscando qué hacer”, y recuerda que fue afortunada, pues en medio del bombardeo de información, tuvo cita médica en su EPS y le expresó a la médica que “con o sin la EPS yo no voy a tener a este bebé”, a lo que la doctora respondió con orientación y un llamado a la cordura, para que no fuera a poner en riesgo la vida.
María cuenta que no entendía lo que la doctora le decía, pues no tenía idea de que podía pedir una interrupción voluntaria, algo que entendió cuando fue remitida de inmediato a una valoración sicológica, de donde salió con una remisión para que el procedimiento le fuera practicado en uno de los hospitales de Medellín.
El aborto fue hace tres años y María aún recuerda los detalles de esos días y asegura que “cuando creí que todo sería perfecto y que tenía la orden de remisión empezaron las trabas, procedimientos y acciones indebidas”, por ejemplo, las enfermeras de la EPS le dijeron que “cómo se le ocurría”, la ingresaron al programa prenatal, le entregaron una cartilla sobre el embarazo y los primeros meses del bebé,.
Además, un funcionario de la EPS la llamó al celular para invitarla a conversar y mostrarle otras alternativas al aborto. María cuenta que eso la ofendió y que sintió que la estaban violentando.
En una semana María Alejandra vivió una montaña rusa de emociones, además de lo que significaba tomar esta decisión y contarle al papá del bebé. Recuerda que cuando ingresó al Hospital tuvo que esperar su atención junto a otras mujeres en trabajo de parto y con alguna patología del embarazo. En la atención, la ginecóloga le explicó que la IVE solo la realizaba uno de los médicos y que por objeción de conciencia ella no le realizaría el aborto; al contrario, le recomendó evaluar la decisión y que si continuaba firme, entonces volviera dos días después.
Ella regresó al hospital, volvió a esperar junto a otras embarazadas y fue atendida por el doctor Camilo Guerra, en él ella encontró un médico “atento, cariñoso”, que le generaba confianza y que no le preguntó más de lo necesario. Le explicó sus derechos y le advirtió de algunos momentos incómodos que tendría que pasar, pues según recuerda le dijo que “hay personal que no comparte esta decisión”.
Mientras esperaba el procedimiento María se limpiaba las lágrimas y a su mente venían los cuestionamientos de enfermeras y auxiliares.
“Después de eso estoy convencida de que estoy en una sociedad que no está preparada para ver que las mujeres decidan por sí mismas y sobre su cuerpo”
Cuando la interrupción estaba en curso, el doctor Guerra le dijo que terminaba el turno y que una de sus compañeras estaría pendiente. Además, le explicó cómo aplicarse la siguiente dosis de medicamento. Con gran terror, María narra que “después de que él se fue empecé a sentir molestias, dolores que aumentaban y a pesar de llamar a las auxiliares no me prestaban atención, ni cuando comencé a botar sangre por la vagina. No soportaba el dolor, no me proporcionaban ayuda y lo único que me decían era que era normal, que tenía que esperar”.
María asegura que está convencida de que podrían haberle dado algún medicamento, pero que intencionalmente no lo hicieron.
Dice que se sintió “humillada”, juzgada como una criminal y una asesina, tanto que a pesar de los dolores y de haber expulsado al bebé y tener un fuerte sangrado, no recibió ayuda, la obligaron a permanecer con el feto unido por el cordón umbilical a ella por cuatro horas, inclusive cuando tuvo que orinar.
Si bien María Alejandra decidió interrumpir su embarazo, no pensó que tendría que vivir lo que vivió: “también sentí que humillaron y no respetaron el cuerpo de mi bebé, y es que sí, yo decidí no terminar el embarazo, pero tampoco… por qué dejarlo ahí pegadito a mí, por qué hacerme orinar sobre él, por qué no ayudarme, no atenderlo, por qué no respetar su cuerpo y mi decisión”.
No importaba el dolor físico, porque los medicamentos no fueron los necesarios, fue más el dolor emocional y el trato de quienes debían cuidarla que la agotaron. Hoy dice que de haber sabido que la causal de salud emocional era la razón para que tuviera alteraciones emocionales luego, habría pagado la plata que fuera pero en un lugar donde la respetaran.
Mientras dormía, en espera del curetaje, luego de que el bebé se hubiera desprendido, escuchó un ruido a su lado. Una de las auxiliares a la que ella califica como “mi torturadora”, estaba ahí parada, “en su mano tenía a mi bebé y le cabía en la mano”. Es una imagen que María recuerda cada día y que ni con ayuda psicológica posterior ha podido superar.
En este caso, ella tuvo acceso a un procedimiento seguro, en un hospital con todos los recursos, con personal calificado, aun así la hemorragia hizo que perdiera mucha sangre y que hasta sufriera una caída, se le bajó la presión, recibió tratamiento intravenoso a tiempo y estuvo vigilada después del curetaje realizado por un especialista en un quirófano.
Hoy es egresada de una universidad privada de Medellín y asegura que el tiempo la ha ido sanando, pero que su decisión era necesaria. No fue la más fácil como ha escuchado y dice que su salud emocional sigue mejorando, pero lo que vivió por la falta de comprensión y profesionalismo de algún personal de salud podría llevar a otras mujeres a enfermedades psicológicas más graves.
Andrea Zuluaga
Tiene 23 años, es beneficiaria del sistema de salud y vive con sus padres y hermana en una casa propia estrato 4. Cuenta que nunca quiso ser mamá, por eso planificaba con pastillas y en la relación con su novio desde hace cuatro años se habían planteado qué hacer en caso de un embarazo. Coincidían en que la decisión más difícil era abortar, pero que en su caso sería la adecuada, pues por las condiciones económicas y sus planes de estudio no podrían hacerse cargo.
Ella se dio cuenta del embarazo a las seis semanas y cuando estaba empezando el séptimo semestre de universidad, por eso cuando la prueba fue positiva buscó en internet qué medicamento le servía y siguió un procedimiento que encontró.
“Me tomé dos pastillas y me metí dos en la vagina como decía el instructivo en internet, luego de unas dos horas comenzó el dolor y poco después un sangrado”. Su familia se había ido para un finca, pues ella les dijo que tenía que estudiar. “Tenía una cita conmigo misma, con mis miedos, angustias y decisiones”.
Tomó la decisión sin consultar con su pareja. A pesar de haber hablado del tema con anterioridad, tenía miedo de ser juzgada, se quedó con lo que vió en internet. No conocía la Sentencia C355 de 2006 y desconocía que podría haber accedido a una IVE en su EPS, de manera segura y sin haber puesto en riesgo su salud, pues el sangrado que tuvo luego del aborto la obligó a consultar y según exámenes de sangre posteriores al aborto mostraban que tenía anemia.
Ana Jaramillo
Publicista de 26 años, vivía con su mamá y su abuela, y quedó embarazada mientras realizaba la práctica profesional. Narra que no se sentía preparada ni física, ni mental, ni emocional ni económicamente para tener un bebé.
Los síntomas la alertaron. Fue a conseguir una prueba casera de embarazo, una amiga la acompañó y apenas vio el resultado decidió buscar en internet cómo abortar. Su amiga le recomendó a una señora del barrio y sin más que una llamada, la recibió.
Ana reconoce que “ella no me preguntó nada, solo me introdujo unas pastillas y una solución salina y me dio otras dos pastillas. Le pagué, cualquiera habría podido pagar ese precio”.
Lo que siguió al procedimiento fue más complicado. “La señora me dijo que tendría cólicos fuertes, nada para preocuparme, y que comprara analgésicos, pero al otro día el sangrado era muy abundante”. No le bastaron las toallas higiénicas posparto, tuvo sangrado por casi 40 horas y debió ir a urgencias, donde le confesó al médico lo sucedido. Allí recibió una transfusión de sangre y estuvo hospitalizada dos días.
Hoy Ana asegura que no volvería a correr ese riesgo. Desconoce si la decisión sería igual, pero nunca regresaría a donde alguien sin conocimientos médicos.
Janet Garcés
Cinco años después aún le duele lo sucedido, pues tuvo que recurrir a un aborto clandestino e inseguro que puso en riesgo su vida y provocó que estuviera internada en una Unidad de Cuidados Intensivos dos semanas, y que perdiera el útero.
Según Janet, ella puso en riesgo su vida por no tener el dinero suficiente para hacerlo de otra manera, además, porque desconocía el alcance de la Sentencia C355 de 2006.
Ella afirma que “en Medellín hay quienes se van un fin de semana para Miami y por unos 8 mil dólares acaban con todo, sin riesgo, sin juzgamiento y en verdadero anonimato”.
Y se cuestiona: “¿esto no genera desigualdad? las que no tienen la oportunidad del dinero terminan haciéndolo en sitios en los que corren riesgos innecesarios”.
Los expertos
César Augusto Giraldo, médico patólogo, exdirector de Medicina Legal seccional Occidente
Según el médico, las complicaciones relacionadas con abortos clandestinos pueden llevar a la rotura del útero y en algunos casos es necesario que este se retire. Agrega que “el aborto clandestino muchas veces es instrumental, tiene un riesgo alto de infección, se realiza metiendo agujas capoteras, vegetales, cuerpos extraños o inyectando permanganato”.
Así lo comprobó mientras fue director de Medicina Legal en Medellín, y aunque cree que hoy hay cambios en los métodos, sigue existiendo esta práctica “casi primitiva”.
Giraldo asegura que la principal consecuencia de un aborto riesgoso es la hemorragia, seguido de infecciones severas que terminan con pacientes sin útero, sin ovarios o con una falla renal.
En su concepto, es necesario legislar porque “en la mayoría de legislaciones del mundo en las que el aborto está despenalizado o es legal, existe un límite de edad gestacional. El problema es el riesgo de complicaciones en las madres. Además, después de pasar de la semana 30 una de las posibilidades es que el niño nazca vivo y ahí usted como médico tiene que hacer todo para salvarle la vida”.
Por último, Giraldo reconoce que con la Sentencia, se les dieron funciones al Ministerio de Salud y Protección Social para establecer normas que rigen los procedimientos de las IVE. de modo que, aparte de prestar un servicio adecuado, se disminuyera el número de mortalidad de mujeres en Colombia y se estableciera como un derecho de la mujer de decidir sobre su propio cuerpo.
Gustavo Valencia, médico internista
Mientras trabajaba en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Juan Luis Londoño de la Cuesta tuvo una paciente que se practicó un aborto clandestino y terminó en consecuencias irreparables.
Como médico, Valencia tuvo que afrontar un proceso legal, pues por el secreto médico y la confidencialidad no le podía decir a la familia de la mujer lo sucedido.
En ese caso, la paciente murió producto de las complicaciones directas del aborto, pero la familia solo sabía que era una hemorragia vaginal.
Dos años después del fallecimiento de la paciente, y por orden de un juez, el doctor Valencia debió contar lo sucedido, y la familia se enteró de que, contrario a lo que parecía y a lo reportado, la muerte fue consecuencia de sus propios actos, no por la negligencia médica; que al contrario, se hizo lo posible por salvarle la vida y por preservar su historia.
Camilo Guerra, médico ginecobstetra
Trabajó en el Hospital General de Medellín desde 1984 y hasta 2018 fue el único especialista que allí realizaba las interrupciones voluntarias del embarazo sin aducir objeción de conciencia. Reconoce que las mujeres se enfrentan a varias barreras para acceder a este derecho y asegura que estas “no son visibles, sino verbales, solo algunas EPS han cambiado su actitud y entienden que es un derecho de la mujer”.
El especialista reconoce que “para nosotros sigue habiendo muchas barreras de las instituciones, porque les piden a las mujeres que soliciten órdenes, la IPS es la que debe mandar a pedir las órdenes y no las personas, siempre existen trabas y como sociedad no estamos haciendo nada para que la mujer no llegue a la situación de tener que solicitar una IVE”.
Cifras
- Según la OMS existe una relación de un aborto inseguro por cada siete nacidos vivos, pero en algunas regiones la relación es mucho mayor. Por ejemplo, en Latinoamérica y el Caribe hay más de un aborto inseguro por cada tres nacidos vivos.
- La OMS y el Instituto Guttmacher publicaron un estudio en The Lancet, que revela que entre 2010 y 2014 se produjeron en todo el mundo 25 millones de abortos peligrosos al año, lo que representa el 45% de los abortos realizados cada año.
- La misma Organización Mundial de la Salud asegura que en los países en los que el aborto está completamente prohibido o donde solo se permite para preservar la salud física de la madre uno de cada cuatro abortos fue seguro, mientras que en donde el aborto es legal 9 de cada 10 se realiza de manera segura.
- Según la doctora Gilda Sedgh, investigadora científica del Instituto Guttmacher citada por la OMS, la incidencia de los abortos peligrosa más baja del mundo la tienen en los países de altos ingresos de América del Norte y Europa Occidental, donde además el aborto es ampliamente legal y los sistemas sanitarios son sólidos.
- Un estudio realizado entre la OMS y el Instituto Guttmacher reveló en 2019 que en América Latina solo uno de cada cuatro abortos fue seguro. El mismo estudio asegura que las primeras causas de muerte de maternas, causantes del 75% de ellas, son las hemorragias graves, las infecciones, la hipertensión gestacional, las complicaciones en el parto y los abortos peligrosos.
- Según la OMS y el Instituto Guttmacher de 2010 a 2014, aproximadamente el 55 % de los abortos se realizó en condiciones de seguridad, mientras que el 31 % fueron “abortos menos seguros”, y el 14 % de los casos fueron abortos “nada seguros”, los que son realizados por personas no cualificadas, con métodos peligrosos como la introducción de objetos extraños y el uso de brebajes de hierbas.
- Las complicaciones derivadas de abortos “nada seguros” incluyen el aborto incompleto, hemorragia, lesiones vaginales, cervicales y uterinas e infecciones.
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La posición de los movimientos provida
En la mañana del miércoles 19 de febrero movimientos provida se reunieron frente a la Corte Constitucional y en las sedes de Profamilia, para solicitar la penalización del aborto en todos los casos.
El abogado Juan Camilo Ramírez en un vídeo publicado por la Conferencia Episcopal Colombiana, asegura que “el aborto sigue siendo un delito, solo que no da cárcel”, y agrega que “en 2019 se presentaron 6.000 casos certificados de mujeres con consecuencias físicas y psicológicas por haberse practicado un aborto, que victimiza a la mujer”.
Por su parte, la psiquiatra Daniela Cardona, asegura en una campaña realizada por la misma Conferencia Episcopal Colombiana, que “el aborto lesiona el corazón de madre de cada mujer y el corazón de padre de cada hombre”.
La psiquiatra Cardona explica que “aunque el síndrome postaborto no está catalogado como una enfermedad mental no se pueden negar los síntomas que este genera y que siempre serán más las secuelas en la salud mental en la mujer por un aborto que por un embarazo llevado a término”.
