Incumplimentos, suspensiones, cancelaciones. El diagnóstico se ha repetido con frecuencia en proyectos recientes, de alto costo y de marcada importancia. Análisis de causas y consecuencias.
Las obras de remodelación del Parque Ambiental La Frontera debían comenzar en noviembre, pero ahora avisan que el contrato fue suspendido el 1° de diciembre “por solicitud de la comunidad y del contratista, dada la época navideña que complica en alguna medida los trabajos”.
Así respondió la Secretaría de Infraestructura Física ante la inquietud de Vivir en El Poblado, que al visitar el sitio la semana pasada no observó actividad en la anunciada zona de obras.
Este proyecto, que tendría que estar listo en marzo, según el plazo de cinco meses indicado en noviembre, ahora tiene el 8 de junio como “fecha probable de terminación”. Las labores se reactivaron el 14 de enero.
Esta novedad contractual tiene casos similares muy cerca en el barrio. Hoy hay tres obras del Proyecto de Valorización de El Poblado que lidera el Fonvalmed, y otras tres a cargo de la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-, que debieron entregar entre diciembre de 2019 y enero de 2020; sin embargo, ambas entidades han avisado que serán finalizadas entre marzo y abril próximos (ver recuadro), por causas diversas, entre ellas adecuaciones de redes de servicios públicos, ajustes de diseños o precisión de cronogramas.
Un caso atípico
Dos casos recientes, más graves aún que los siete expuestos antes, se registraron en proyectos de Metroplús en el sur del Valle de Aburrá: la calle 12 sur, frente a la Fábrica de Licores de Antioquia, y el tramo 2A del sistema de buses en Envigado.
En ambos, los contratos fueron suspendidos por incumplimientos de los constructores. En Envigado, la misma Alcaldía tuvo que terminar los trabajos, y en la 12 sur aún se ven los vestigios de las obras inconclusas a la espera de que se resuelva el lío jurídico.
Para complicar el panorama, en los dos estuvo involucrado un mismo contratista, el grupo mexicano Hycsa, que mediante su firma Construcciones y Dragados del Sureste integró el consorcio Cydcon (junto a Conasfaltos), al cual le fue adjudicada, y luego suspendida, la obra en la 12 sur, y en el tramo 2A en Envigado hacía parte del consorcio Gayco–Hycsa.
Por esta situación, Metroplús respondió que sus procesos de contratación “están regulados por la ley y el manual de contratación” que la cobijan como empresa pública. Indagada sobre por qué un contratista repitió incumplimientos en dos frentes distantes, “tanto en la 12 sur como en Envigado aún hay temas jurídicos pendientes a la espera de ser resueltos y sobre los cuales no es posible en este momento que la entidad se pronuncie”.
Posibles causas
David Suárez, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Eafit, considera que hay factores que inciden para que haya tantos inconvenientes en la contratación de obras públicas en la región. Uno de ellos es que, en ocasiones, las entidades abren las licitaciones sin tener siquiera los diseños definitivos, y cuando son adjudicados los contratos las condiciones cambian.
Otro factor es que la normatividad existente en el país “es laxa”, y no tiene, por ejemplo, límites para hacer adiciones a los contratos en tiempo -en costos autoriza hasta el 50 %-, por lo cual tanto el contratante como el contratista saben que aun cuando hay unos plazos fijados inicialmente, si no lo cumplen la norma les permite extender el tiempo.
Suárez agrega que también se presentan fallas en la interventoría, que no detecta a tiempo las irregularidades en la ejecución. “Es fácil darse cuenta, en un mes, si el contratista cumplirá o no”, en referencia a que ese tiempo permite ver si es ordenado y cumplido en su cronograma.
Sean las causas que afecten a cada proyecto, el panorama hoy en El Poblado y parte del sur del Valle de Aburrá es el de unas obras que parecen eternas, mientras la ciudadanía espera entre las afectaciones de movilidad que le toca padecer por cuenta de los retrasos.
Cinco puntos críticos
José Fernando Villegas, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura seccional Antioquia, señala cinco problemas en la contratación pública:
- Contar con personal insuficiente y de alta rotación, dado el esquema de contrato laboral que predomina en el sector público.
- Anteponer el precio como principal criterio de diseño, frente a temas como funcionalidad, seguridad y menores impactos a la comunidad.
- Carecer de un mecanismo que articule las diferentes entidades públicas involucradas en las obras.
- Realizar una gestión predial y ambiental inoportuna y deficiente.
- Sostener un modelo obsoleto de contratación.
Por Sebastián Aguirre / [email protected]
