Por: Juan Carlos Franco
Para protegernos de los malos alimentos o de medicamentos peligrosos, por ejemplo, están el Invima y la Superintendencia de Salud. No sale nada al mercado sin superar exámenes rigurosísimos que certifican que el riesgo para el consumidor es casi inexistente. Es más, en el empaque de un medicamento siempre aparecen nombre, apellido y título del jefe del laboratorio, quien asumiría la responsabilidad en caso de que algo salga mal con el producto.
Otras entidades nos protegen de que un banco mal intencionado o mal administrado se quede con nuestro dinero, o trabajan para que los aviones y aeropuertos sean más seguros para los pasajeros, o controlan las emisiones de nuestros vehículos (ja, ja), o tratan de que por nuestras vías no circulen conductores ebrios que nos pongan en peligro.
En fin, por donde mires hay entidades estatales, mixtas o privadas que (supuestamente) te llevan de la mano para que tú, tu familia y tus pertenencias estén siempre seguras.
Y claro, cada vez son más comunes las acciones judiciales contra médicos por mala práctica, o contra empresas de alimentos porque algún producto está contaminado, o contra un periodista porque difamó a alguien o dio una información equivocada, o contra una cadena de supermercados porque confundió al público con una promoción… en fin, en Colombia cada vez es más claro que el que la hace mal… ¡la paga!
Entonces, ¿por qué nadie nos protege de nuestras pésimas vías? ¿Por qué no hay demandas de mala práctica contra los ingenieros o empresas que las encargan, que las diseñan, o que las construyen? ¿O contra los interventores, que -en teoría- deben velar porque la obra quede óptima y segura para su uso por el público en general?
Cuando cae un derrumbe porque una vía estuvo mal diseñada -o mal construida-¿ por qué no pasa nada, y actuamos y nos lamentamos como si fuera un acto totalmente fortuito de la naturaleza, y no una obra vial mal hecha que tal vez podría haberse diseñado mejor? ¿Por qué en ingeniería siempre nos toca conformarnos con lo más malito y más barato?
Cuando se está construyendo una obra vial y no se señaliza bien, como en trágico caso reciente en el Alto de las Palmas, ¿por qué la sociedad no le exige con total seriedad a todos los involucrados (entidad contratante, entidad contratista, entidad interventora, ingenieros residentes, etc.) que pongan la cara y asuman las terribles consecuencias de sus actos u omisiones? ¿No es un claro ejemplo de mala práctica en ingeniería? ¿Por qué no hay pérdidas de licencias profesionales o demandas, como les ocurre a los médicos?
¿Cómo podemos aceptar que un contratista en teoría serio y conocedor de su oficio instale una señalización tan mediocre e insuficiente, que lejos de proteger, se vuelva la causa de accidentes, como en el caso citado? ¿Cómo así que no habían borrado las rayas blancas del centro antes de poner en medio el obstáculo -innecesario y muy poco visible aún de día- de un nuevo retorno vial? ¿Cómo así que un motociclista sigue la raya y va a estrellarse contra el nuevo bordillo?
La mediocridad de nuestra ingeniería es muy peligrosa para la salud del consumidor, como es más que evidente. Si el Invima o la Superintendencia Bancaria o la Aerocivil no desarrollan pronto una sección de control de vías, entonces, ¿quién podrá defendernos?

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