El próximo alcalde tiene tareas en seguridad, calidad del aire, movilidad, educación y empleo. Y una labor añadida, que va valiendo 2.500 millones de pesos: dividir El Poblado en dos comunas. ¿Es útil y pertinente?
El próximo alcalde de Medellín tendrá que revisar las estrategias aplicadas contra el crimen, que reportó a abril pasado, con 71 homicidios, como el más trágico en los últimos 5 años. Federico Gutiérrez mantiene su compromiso con la seguridad y le quedan siete meses de gestión, pero sea como termine su periodo, se trata de un reto estructural, de defensa de la vida, que obliga a acciones de amplio espectro.
También el próximo alcalde tiene tareas en calidad del aire, movilidad, educación, empleo o las otras modalidades de delito: todas de envergadura. Entretanto, resultó una labor añadida, que va valiendo 2.500 millones de pesos de un estudio contratado por la Alcaldía en 2017, consistente en la redistribución de Medellín y que le daría lugar en el mapa a El Poblado sur, con límites en la quebrada La Presidenta.
Calasanz, el Volador y San Antonio de Prado también harían parte de la redistribución, que toma bases en análisis de población, extensión, densidad y aspectos sociales y culturales para su formulación.
Las conquistas de esta iniciativa, de acuerdo con la Alcaldía, serían mayores eficiencias para el Municipio, organización social y participación comunitaria. ¿Pero tiene el proyecto pertinencia y utilidad suficientes?
El Poblado tiene un historial que demuestra que, antes que dividirlo, hay que integrarlo. La JAL y el 65.54% de participación de los electores para conformarla o su desintegración en un periodo pasado, que la llevó de siete a solo un miembro, es una prueba de las necesidades de construir vínculos.
Primero integrar, para que no se repitan fenómenos como el de Provenza, Manila o el Lleras, donde los residentes sienten que el comercio rompió la convivencia sin que hubiera vigilancia de las normas. O conflictos como el de la movilidad, frente al que un sector de ciudadanos pide más vías y otro exige que se conserven los árboles. El disenso enriquece, pero el engavetamiento de proyectos en las instancias judiciales, por esa disparidad de criterios, empobrece.
Esta Alcaldía, que ya invirtió los 2.500 millones, ahora dice que la próxima administración queda a cargo de definir no solo el nuevo mapa: también implica actualizar el catastro, obligatorio y necesario, aumentar la nómina de funcionarios y ctualizar la cobertura de las JAL.
¿Es pertinente? ¿La medida tendrá efectos demostrables o, en caso contrario, será reversible? ¿Con los retos centrales en homicidios, ambientales o en movilidad, se deben dedicar recursos a desligar un territorio que todavía tiene crudo el ejercicio de una vida en común?
