Según Martha Cecilia Vélez, Contralora General de Medellín, “la Superintendencia debe ser respetuosa del orden legal, el cual establece que mientras un acuerdo esté vigente, una autoridad nacional, que no sea jurisdicción de los contencioso administrativo, no puede exigir que no se aplique”.
Por su parte, la Concejal Aura Marleny Arcila, afirma que “la apertura a una libre competencia en la prestación del servicio de aseo en la ciudad se debe dar siempre y cuando no afecte la viabilidad de Empresas Varias, que es un patrimonio público, y se garantice una clara reglamentación para los nuevos operadores”. Porque como ya lo había dicho Andrés de Bedout a Vivir en El Poblado, “sin la debida reglamentación, la entrada de nuevos operadores generaría un caos en el servicio de aseo y un grave problema de salud pública en la ciudad”.
Normas claras para la libre competencia
Para garantizar que con la apertura al libre mercado en la prestación del servicio de aseo en Medellín mantenga la cobertura universal que hasta ahora tiene, el Concejo y la Contraloría solicitaron a la Superservicios que reglamente aspectos para los nuevos operadores como subsidio a los estratos bajos, barrido de vías públicas y disposición de residuos.
Por esta razón, la Contraloría constituyó una comisión especial de carácter interdisciplinario para ver hasta que punto la actuación de las autoridades nacionales afecta el servicio de aseo en Medellín con la entrada de la libre competencia, y así mismo, instó a la Superservicios ‘‘a constituir un escenario común donde se permita la defensa de los intereses de los usuarios y promoción de la libre competencia en un ambiente de sostenibilidad, que no afecte ni vaya en detrimento del patrimonio público’’.
Hay que buscar otras alternativas
Por su parte el Concejo tras su debate ratificó su posición de defender a Empresas Varias como patrimonio público de la ciudad, al concluir que: “Ante la errada creencia de que con la expedición de la Ley 142 de 1994 las autoridades municipales han perdido todo tipo de competencias en materia de servicios públicos domiciliarios, es necesario que las autoridades municipales, en especial alcaldías y concejos, ratifiquen de manera clara sus competencias y se haga cumplir lo afirmado en diferentes pronunciamientos por la Corte Constitucional, para la defensa de la autodeterminación local y el autogobierno”, afirma la Concejal Aura Marleny Arcila. Por ello, se propuso considerar otras modalidades de competencia, como la desagregación vertical de las etapas del servicio, abrir licitación pública para la concesión de zonas, competencia por comparación de mercados (similar a la que está aplicando Bogotá) y la competencia virtual o por regulación, acorde con indicadores de capacidad.
