Cuando aún servicios informales como el de Uber siguen despertando controversia, empieza a expandirse el servicio de mototaxis por medio de una aplicación.

Por Daniel Palacio Tamayo /  [email protected] 

Fernanda* trabaja en Provenza y estudia su carrera en Bello. Ya corría el semestre cuando consiguió empleo en un almacén de ropa en ese barrio de El Poblado, por lo que ya no era posible conciliar sus horarios, así que se tenía que ingeniar la forma de llegar a tiempo a clase de 7:30 de la noche saliendo a las 7 del trabajo en el otro extremo del Aburrá.

El metro no era una opción por tiempos; el taxi tampoco, pues trabajaría para sostener su transporte, por lo que decidió seguir el consejo de un conocido que le habló sobre Picap, una aplicación por la que pudo solicitar un motociclista que la moviera en menos tiempo y más económico.

Gustavo Cabrera, profesor de Salud Pública de la Universidad de Antioquia y experto en Movilidad, asegura que los usuarios tienen en cuenta las variables tiempo y dinero al momento de tomar un servicio como estos, pero no contemplan el riesgo que corren.

Cabrera cree que aunque existe la percepción de que hay una baja probabilidad de ocurrencia de un incidente, de masificarse esta aplicación se podría perder lo avanzado en seguridad vial. “Se ha incrementado la distribución en moto de bienes y servicios como Rappi, pero esta no va a mover mercados, sino personas y lo hará en la lógica del negocio”.
El secretario de Movilidad de Medellín, Humberto Iglesias, afirmó que tienen conocimiento de la aplicación y que, con la ayuda de algunos transportadores, detectaron sectores donde más se requieren servicios de esta plataforma irregular.

“Contra la tecnología no podemos pelear, hay que utilizarla”, afirmó el funcionario, sin embargo dijo que cuando estos recursos son usados para fomentar la ilegalidad son combatidos, pues “no están regulados y no están en igualdad de condiciones con los legales”.

Aunque la Secretaría de Movilidad no reporta hasta ahora sanciones, aseguró estar haciendo operativos de control. De encontrar un infractor, este tendría que pagar 781 mil pesos y su vehículo será inmovilizado.

Cabrera invitó a que se redoblen los esfuerzos para bloquear esta aplicación, pues de ampliarse la oferta, advierte, podría haber consecuencias “nunca antes vistas” en seguridad vial.
*Nombre cambiado por petición de la fuente.