La fiscal nacional contra el crimen organizado, Claudia Carrasquilla, habla sobre quiénes estarían detrás de la distribución de alucinógenos en El Poblado y las capturas a altos mandos de la Oficina.
Por Daniel Palacio Tamayo / [email protected]
El problema en el parque Lleras cada vez se torna más complejo. ¿Quién del mundo criminal manda allá?
“Siempre he tenido la convicción de que quien maneja la zona de El Poblado es alias Tuto, que es el cabecilla de la Odin La Unión. Él, a pesar de estar detenido, sigue teniendo control. Y es que ellos siguen delinquiendo desde las cárceles porque con la problemática del Inpec tienen acceso a medios de comunicación y visitas permanentes de sus correos humanos para seguir manejando su organización delincuencial y recibir el dinero de la actividad ilícita. Además, a través de las diferentes investigaciones sabemos que los hermanos Osorio, que tienen injerencia en el Barrio Antioquia, también tienen una zona en El Poblado”.
¿También aprovechan otras rentas criminales?
“Sobre los casos de proxenetismo y explotación sexual sabemos que obedece a delincuencia común. De casos de extorsión no hay evidencia en El Poblado. El ‘negocio’ no es tan lucrativo para este tipo de organizaciones delincuenciales que tienen una fuente de financiación muy importante en el tráfico de estupefacientes, que se ha incrementado en el país. Donde hay bares, hoteles, turistas, la actividad perversa del narcoturismo, como en El Poblado, se desborda el suministro de estas sustancias”.
¿Qué tan afectada está la denominada Oficina tras las recientes capturas?
“Se han detenido los principales cabecillas de organizaciones como el Cuerpo Colegiado. De 20 cabecillas visibilizados, llevamos 13 capturados entre 2016 y 2018. La comunidad ya está cansada de estos actores armados y eso nos ha facilitado conseguir testigos e información para adelantar esta ofensiva”.
Algunos han tratado de salirse con la suya después de ser detenidos.
“Pese a las maniobras dilatorias, no han podido obtener la libertad, esto gracias al trabajo que vienen haciendo nuestros fiscales con el acompañamiento de los jueces, al igual que la Policía, la Procuraduría y la Alcaldía de Medellín. Hemos logrado condenas efectivas en centro de reclusión”.
Pero los indicadores en homicidios, por ejemplo, no favorecen la ciudad.
“Las estructuras ilegales se encuentran inestables, pues quien sube de un tercer o cuarto nivel lo hace a sangre y fuego, por eso probablemente el aumento en los homicidios. Ellos deben eliminar al que está por delante, si quieren tener el control de una zona donde hay fuentes de financiación como el microtráfico o la extorsión”.
Y además de capturas ¿cómo va la persecución de sus bienes?
“Por directriz del Fiscal General, tenemos un proceso espejo; es decir, va a la par el proceso judicial y el de extinguirles los bienes y afectarlos económicamente. No solo perseguimos el fenómeno criminal, sino los factores que lo alimentan: las finanzas, los proveedores, los administradores, contadores, las propiedades, etcétera, y no solo el sicario o el cabecilla de primer o segundo nivel”.
¿Ve viable ese interés en el sometimiento?
“El cuerpo colegiado, en cabeza de alias Tom, ha procurado por todos los medios que se le escuche para el proceso de acogimiento, pero la ley 1908 no permite ese tipo de negociaciones con organizaciones tipo B o GDO (grupo de delincuencia organizada); solo aplica para los grupos como el Clan del Golfo. Además, jurídicamente si él (Tom) quisiera someterse de manera individual no podría porque la ley es muy clara: él ya fue imputado, ya fue presentado el escrito de acusación y no podría ser objeto de este tratamiento”.
Cambiando de tema, el caso Meritage también está en su despacho. ¿En qué va?
“En mi concepto la solicitud de la defensa, la hace como una medida para defraudar al Estado, toda vez que sobre el predio de Meritage se ha solicitado una medida cautelar ante el juez de extinción de dominio y a la espera que el juez se pronuncie. De manera que este propietario actual, con su firma de abogados, presenta otra medida cautelar con el fin de evitar que ese bien sea objeto de extinción de dominio. Ese es el juego que, en mi concepto, tiene en este momento quien se reputaba propietario de ese inmueble”.
¿Pero puede haber una pronta solución?
“Tenemos la obligación de investigar, se están recogiendo todos los elementos necesarios para que el fiscal pueda tomar la determinación, pero como es un caso de ley 600 es muy distinto a los que tenemos en la ley 906 donde el Fiscal es quien toma las decisiones si vincula o no, o si archiva, si precluye… estamos a la espera de la decisión que se tome por parte del fiscal y el juez del caso”.
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