El proyecto Hidroituango, que tiene un costo de 11 billones de pesos, podría presentar daños irreparables, pero su magnitud no se conocerá hasta tanto se supere la emergencia que tiene en vilo a miles de personas ¿Cuáles serán los efectos más cercanos?
por Daniel Palacio Tamayo – [email protected]
Las dimensiones de Hidroituango son descomunales. Una presa que supera por mucho al edificio Colpatria y casi dobla al Coltejer, un embalse con una distancia similar a la extensión entre Medellín y La Pintada y una capacidad de generación eléctrica del 17% del total instalado que tiene el país. Por eso el mismo gobierno nacional estima, sin investigaciones concluyentes, que las pólizas solo cubrirán un porcentaje de los daños; el restante, lo asumiría la empresa de servicios públicos.
De lograr salvarse del estado crítico, la reparación de la central implicará para EPM, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, renuncias a megaproyectos y la aplicación de un plan de austeridad. El gobierno nacional, por su parte, necesitará reemplazar el 17% de la energía que se iba a generar en Ituango. De no ser así, a 2022, en épocas de sequía, podría presentarse déficit.
Con el crecimiento de la población y el mayor uso de recursos que funcionan con energía eléctrica, se requiere de una planeación que evite un racionamiento como el de 1992 o al que por poco se llega en 2016, por cuenta del daño en la central Guatapé y un intenso Fenómeno del Niño.
XM, empresa encargada del mercado de energía en el país, construyó tres escenarios: en el corto plazo no hay riesgo; entre dos y tres años, se necesitaría la generación de energía térmica; y a partir de 2022 “podrían presentarse momentos con déficit entre oferta y demanda”.
Santiago Ortega, profesor de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, afirma que dependerá de la cantidad de agua disponible si se prenden o no las térmicas, pues estas son la última alternativa que tiene el sistema. “Generar en una hidroeléctrica vale prácticamente nada porque, una vez se construye, el agua está ahí; en cambio, operar una térmica cuesta según el precio del combustible”.
Lo anterior, según el experto, “no significa necesariamente un incremento en el precio de la energía al consumidor final, debido a la fórmula establecida para el servicio domiciliario”; caso contrario ocurriría con grandes empresas que compran energía a precio de bolsa.
La Comisión Reguladora de Energía y Gas publicó una nueva subasta para el periodo 2022 y 2023, además de otros incentivos para proyectos que puedan cubrir la demanda antes de esa fecha. El país cuenta con una capacidad de generación de 16.8 GW, de los cuales 0.02 GW son eólicos y 0.01 GW, solares, por lo que se estima que por lo menos en el corto plazo no haya forma de reemplazar la generación de Ituango con este tipo de fuentes renovables. De acuerdo con XM, a 2023 la energía solar y eólica podrían generar 3 GW.
EPM con perspectiva negativa
A medida que crecía el embalse, tras el taponamiento del túnel de desviación, también llegaron las voces que trataban de acercarse a las posibles consecuencias económicas para EPM por la incertidumbre de esa inversión, las pólizas, el pago de la deuda (que representa el 64% del valor total del proyecto) y la compra de energía que tendrá que hacer para honrar los contratos de ventas.
Fitch Ratings estima que el Ebitda de la compañía se reducirá un 21% para 2019 comparado con la base anterior, pero la solidez de la empresa se mantiene gracias a los ingresos producto de negocios estables y regulados como los servicios públicos domiciliarios.
El gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, dice que la más afectada por la emergencia es “la compañía del futuro”, pero ya se avizoran cambios en la estructura del Grupo, pues por petición de la Junta se avanza en el análisis para vender hasta un tercio (3 billones de pesos) de las empresas sobre las que EPM tiene control parcial o total; esto, según De la Cuesta, para “cumplir con los compromisos”.
Y aunque Federico Gutiérrez, como presidente de la Junta directiva de EPM, descartó cualquier asomo de privatización, se mostró a favor de esas “desinversiones”.
En Medellín no habrá bolsillos llenos
Las transferencias de EPM a Medellín han significado entre el 20% y el 25% del presupuesto anual de la Alcaldía, pero después de una cifra histórica en 2018, en 2019 podrían reducirse.
La presidenta del Concejo de Medellín, Aura Marleny Arcila, asegura que hay incertidumbre sobre “el mundo de esperanzas” pintado por Hidroituango para la ciudad, pues a 2020 se podrían aumentar hasta en un 50% las transferencias de EPM; es decir, en el próximo cuatrienio Medellín podría recibir mínimo 6 billones de pesos.
“A mediano plazo no habrá el fortalecimiento patrimonial que esperábamos, pero el otro impacto todavía lo desconocemos, aún no sabemos si Hidroituango es viable”, afirmó.
Por esta situación la ciudad pasó de pensar cómo invertir el dinero adicional en la solución de grandes problemas sociales, a estudiar una política de racionalidad de cara a 2019.
El ferrocarril y Urabá
De no conseguirse una fuente alterna de financiación, la crisis en Hidroituango descarrilará una de las principales iniciativas del gobernador Luis Pérez y podría frenar el sueño postergado de tener un puerto en Urabá.
Para cumplir esos propósitos, la Asamblea aprobó en 2017 una Ordenanza que destinaba hasta el 50% de la remuneración mensual de Hidroituango correspondiente al IDEA para la cofinanciación de los puertos de Urabá y la reactivación del ferrocarril de Antioquia. Ahora, estos proyectos dependen del comportamiento de la corriente del Cauca y qué tanto daño hicieron en las obras de la hidroeléctrica.
