La decisión fue promulgada hoy por el Consejo de Estado, al considerar que en la expedición de dicho decreto se desconocieron parámetros constitucionales y legales, acogiendo así alegatos de varios gremios, entre ellos, el de los comerciantes.
Además de declarar la nulidad del decreto en mención, el Consejo de Estado ordenó al Gobierno Nacional expedir un nuevo decreto en un plazo máximo de ocho días, atendiendo los criterios establecidos en la ley, entre ellos la evaluación técnica de variables como la inflación, la productividad, la capacidad de pago de las empresas y el impacto sobre el empleo formal.
Para Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, “esta decisión constituye un llamado claro al respeto por el Estado de Derecho y por los mecanismos institucionales de concertación laboral. La ilegalidad del decreto era evidente. La fijación del salario mínimo no puede hacerse de manera unilateral ni desconociendo los criterios técnicos y constitucionales que buscan proteger tanto el ingreso de los trabajadores como la sostenibilidad del empleo formal y de las empresas”.
Agregó el líder gremial que un incremento del salario mínimo del 23,7 %, aunque puede resultar atractivo en cifras, no responde a la realidad económica del país. “En Colombia más del 55 % de las personas que trabajan están en situación de informalidad. Esto significa que la gran mayoría de personas —trabajadores informales, independientes y millones de hogares— no se benefician directamente del aumento, pero sí enfrentan sus consecuencias. Al incrementar de manera desmedida el salario mínimo, los costos de producción y operación aumentan, lo que se traduce en mayores precios de alimentos, transporte, servicios y vivienda. En la práctica, sube el costo de vida para todos, especialmente para quienes tienen ingresos bajos o informales, profundizando las dificultades económicas que se busca aliviar”.
Finalmente, Fenalco expresó su expectativa de que el nuevo decreto que expida el Gobierno Nacional “atienda rigurosamente los parámetros legales, contribuya a la estabilidad económica y favorezca la preservación del empleo formal, condición indispensable para el bienestar social y el crecimiento sostenible del país”.
