Cuando a Esteban Pérez lo llamaron, un viernes a las siete de la noche, para decirle que no podía volver a abrir su local (que llevaba más de 15 años funcionando en la Casa de la Maestranza), no imaginó que, en menos de 24 horas, tendría que desocuparlo. “Ni siquiera alcanzamos a decirle a los clientes que nos habíamos cambiado. Tocó prácticamente empezar de cero”, relata este comerciante, propietario de Burger Place. Desde entonces, sus ventas han caído más del 50 %.

Como él, otros 16 arrendatarios (en su mayoría dueños de cafeterías, bares, almacenes o restaurantes) fueron desalojados el pasado 11 de abril por orden de la Alcaldía de Rionegro, ante un riesgo estructural reportado en el inmueble. Aunque la decisión se tomó para salvaguardar la vida de las personas que habitan el inmueble, la salida se dio sin un plan de reubicación ni compensaciones económicas, dicen las personas. “No se nos ofreció ninguna garantía. Y los arriendos en la zona se dispararon apenas se supo que la Maestranza iba a cerrar”, asegura Evelyn Tatiana Espinosa, dueña de Café Bar El Pasaje.

Por su parte, la Alcaldía de Rionegro ha sostenido que, al tratarse de un predio privado, sus manos están atadas frente a medidas de compensación directa. “No podemos invertir recursos públicos en lo privado. Aún así, el alcalde ha estado atento, facilitando encuentros entre las partes para buscar soluciones dentro del marco legal”, explicó Yised Baena, secretaria de Desarrollo Económico.

Alberto Naranjo, representante de la inmobiliaria encargada de administrar cinco de los locales comerciales que fueron desalojados, incluidos los de Esteban y Evelin, explica: “Suspendimos los contratos y estamos pendientes de retomar los acuerdos una vez el Ministerio autorice una apertura parcial sin riesgos”, comenta. 

Naranjo añade que los propietarios del edificio también han sido afectados, pues su única fuente de ingresos eran estos arriendos, y agrega: “Estamos a la espera de los lineamientos legales para proceder de manera adecuada y justa, tanto con los propietarios como con los arrendatarios”. 

Desde el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia (ICPA), se reconoce que la decisión de desocupar generó impactos sociales y económicos, y que el inmueble, al ser Bien de Interés Cultural de la Nación, debe contar con intervenciones estrictamente autorizadas por el Ministerio de las Culturas. “Nos hemos ofrecido como entidad para acompañar técnicamente todo el proceso”, señala Juan Felipe Gómez, subdirector del ICPA.

Mientras se define el futuro de la Casa de la Maestranza (que podría incluir su compra por parte del municipio para fines culturales), los comerciantes intentan adaptarse a su nueva realidad y ruegan por una pronta solución.