Ana ya había derramado algunas lágrimas cuando Javier Henao, el vecino del apartamento 915 de la fase 2 de Space, soltó su computador y alcanzó a gritar ¡Ana! ¡Ana! ¡hija, Anita!… ¡Vamos! Javier trabajaba en su computador mientras recibía la brisa en el balcón del apartamento conseguido con los ahorros de su vida, cuando vio volar, a eso de las 8:20 de la noche, una nube de pájaros seguida de un estruendo que acompañaba la caída como naipes de las lozas de la fase seis de Space.

Las lágrimas de Ana, la esposa de Javier, se debían a las recomendaciones de amigos ingenieros de dejar el apartamento ante las advertencias de los entes de gestión del riesgo. “Yo vi a los trabajadores que estaban en la fase sexta con los bombillos prendidos. Es algo que solo queda en la memoria, definitivamente estamos vivos porque es un milagro de Dios”, asegura Javier quien no deja de conmocionarse con la historia de la debacle del edificio en el que hacía parte del consejo de administración.

Y no solo esos instantes que le han quedado marcados como un rayón a Javier, Ana y Anita, que ahora tiene 20 años, sino a cientos de familias que vivían en Space y en otros edificios que presentaban fallas estructurales similares. Desde ese día, según esta familia, inició “una guerra fría por mantenerlos desinformados sobre el proceso para la reparación”.

Los afectados por esta tragedia de ciudad coinciden en que el 12 de octubre de 2013 también inició en muchos frentes una serie de desplantes e incumplimientos. De acuerdo con Javier, en un principio le ofrecieron muy por debajo del valor del metro cuadrado, luego alcanzó un acuerdo para que le cancelaran el 40% y aún, tres años después, sigue a la espera de que se venda el lote para tener la esperanza de recuperar el otro 60% de su apartamento, pues este terreno está avaluado en más de 10 mil millones de pesos.

Y aunque expertos han asegurado que el lote de Space no presenta inconveniente alguno de suelos, aún el agente liquidador de Lérida CDO no ha conseguido un cliente para su venta como se lo aseguraron a Vivir en El Poblado desde la Superintendencia de Sociedades.

Ahora, la familia del apartamento 915 se sigue preguntando por las razones por las que les cobran predial hasta en fechas posteriores a la demolición de su apartamento y que incluso, afirman, ya les advirtieron que de no ponerse al día con la deuda cercana a los 6 millones de pesos, podría empezar contra ellos un cobro coactivo. La lista de lo que ellos califican como “mezquindades” no termina ahí: les adeudan más de 18 meses de auxilio de habitabilidad, no hay fallos en la justicia penal sobre los responsables directos e indirectos y desde hace meses están suspendidas las mesas de trabajo con la Alcaldía, entidad que no se pronunció esta semana, tampoco el Gobierno nacional ni los gremios –Claudia Restrepo, en su momento alcaldesa encargada, sí lo hizo–, en los tres años de una de las fechas más trágicas para Medellín.