El pasado 10 de abril, la Personería Distrital de Medellín presentó su Informe Anual de Derechos Humanos 2024, un documento con más de 500 páginas que analiza las principales vulneraciones a los derechos fundamentales en la ciudad. Entre los temas tratados están la salud, la educación, la participación ciudadana, el acceso a la justicia, y los derechos de grupos como personas mayores, población migrante, comunidad LGBTIQ+, personas con discapacidad, habitantes de calle y niñas, niños y adolescentes.
El informe, sustentado en metodologías cuantitativas y cualitativas, revela una ciudad con barreras estructurales persistentes: desconfianza institucional, escaso conocimiento de rutas de denuncia, débil articulación interinstitucional y brechas profundas en el reconocimiento de derechos para poblaciones históricamente excluidas.
Según la Mesa de Derechos Humanos de El Poblado, una de las situaciones más desafiantes es la de la comuna 14. Aunque suele asociarse con bienestar y desarrollo, el territorio enfrenta graves retos invisibilizados. La mendicidad forzada, por ejemplo, ha aumentado de forma alarmante: en 2024 y 2025, la Personería registró 845 casos de población indígena Emberá Katío (niños, mujeres y adolescentes) en esta situación. Estas personas habitan temporalmente en parques y calles del sector, sin garantías mínimas de atención ni vivienda digna.
Además, zonas como Provenza, Parque Lleras y Astorga se han convertido en focos de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, especialmente en contextos relacionados con el turismo de fiesta. La situación es especialmente grave para mujeres y personas trans que recurren al trabajo sexual como forma de subsistencia ante la falta de políticas públicas efectivas y con enfoque de género, explica la Mesa de Derechos Humanos de El Poblado.
734
veedurías están registradas en la base de datos de la Personería Distrital de Medellín.
436
delitos sexuales relacionados con menores en Medellín se denunciaron entre 2022 y julio de 2024.
60
casos de explotación sexual comercial de menores se denunciaron en el primer semestre de 2024.
La crisis también es institucional. Emmanuel Acevedo Muñoz, abogado de esta Mesa, advierte que la Junta Administradora Local “atraviesa una preocupante falta de gobernanza, mientras que las Juntas de Acción Comunal se encuentran debilitadas por la escasa formación, el mínimo acompañamiento técnico y la baja articulación territorial”.
Y agrega: “Esto impide que se consoliden rutas efectivas de participación ciudadana para resolver problemáticas como la migración, la falta de oportunidades para jóvenes, la inseguridad o la precariedad en el uso del espacio público”, señala Acevedo, quien viene documentando y visibilizando estas dinámicas desde una mirada crítica, local y comprometida con los derechos humanos.
Aunque el panorama es complejo, la Personería plantea un camino claro: fortalecer las instituciones, articularse con la academia, promover la pedagogía ciudadana y, sobre todo, construir confianza entre el Estado y la comunidad.
ACTIVANDO A LA COMUNIDAD
La Mesa de Derechos Humanos de El Poblado es una organización autónoma que, desde hace 15 años, actúa como puente entre la comunidad y las instituciones del Estado. Su trabajo se basa en la pedagogía: realiza talleres en colegios, encuentros comunitarios, asesorías jurídicas gratuitas, campañas en espacio público y alianzas con universidades. También acompaña casos, documenta vulneraciones y exige respuestas institucionales. Las personas interesadas en contactar a esta Mesa pueden escribir al correo [email protected].
