Por Daniel Palacio Tamayo y José Fernando Serna
<< Zoraida Gaviria. Foto archivo Vivir en El Poblado
La directora de la especialización en Gestión y Procesos Urbanos de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, Zoraida Gaviria, asegura que tal situación empieza a generar “una cantidad impresionante de conflictos. Alguien piensa salir de una urbanización y no puede, por lo que vendría un policía acostado o un paletero y eso ya no la haría una carretera ni una calle, sino un eje rizado”, advierte la experta.
Según el Departamento Administrativo de Planeación de Envigado en ese sector hay actualmente unas 1.029 viviendas en las que residen cerca de 3.300 personas. Sin embargo, la autoridad estima que el crecimiento urbano durante los próximos años esté cercano al 4 por ciento. Ahora bien, se estima que cada hogar del sector tiene en promedio 1,47 vehículos, cifra que “crece a medida que aumenta el estrato socioeconómico de los residentes en el sector”.
Juan Carlos Franco, analista de movilidad y columnista de Vivir en El Poblado aseguró en una reciente publicación “¡Uno solo de estos proyectos contempla 486 apartamentos! Más decenas de casas en estrechos y empinados lotes. Y muchos locales. Y al frente, otro centro comercial enorme…”. Para Franco el crecimiento urbano, el valor de la tierra y la falta de previsión harán casi imposible o “ridiculamente costoso” construir una doble calzada por la variante a Palmas.
“Hay normas pero no hay planeación”, afirma Gaviria quien agrega que los problemas que se avecinan no se circunscriben únicamente a los relacionadas con la movilidad, sino también con el suministro de servicios públicos como acueducto y alcantarillado. Al respecto, Fabio Ríos, director de Masora, organización que reúne a los dirigentes del Oriente antioqueño, anunció que próximamente harán un pronunciamiento “sobre la adjudicación de licencias urbanísticas en ese corredor vial, inclusive en zonas en las que se tienen dificultades para acueducto y otras necesidades básicas como la movilidad, que ha traído Medellín a nuestra región”.
En ese sector están ubicadas las veredas El Vallano, Perico, Pantanillo y Palmas, que tiene según el POT del municipio de Envigado un umbral máximo de urbanización del 31.76% equivalente a la suma del suelo donde se puede edificar. Para Gaviria el sector tiene un atractivo porque la gente quiere vivir en el campo, pero ese mismo auge está matando sus propios atributos más cuando vivir en una urbanización de esas implica la dependencia del automóvil que con el alto flujo vehicular se traduce en mayores tiempos de desplazamiento.
La experta en planeación urbana de la EIA advierte que “será muy pronto que este caos sea absolutamente insoportable” por lo que se empezarán a reclamar acciones por parte de los nuevos habitantes de este sector limítrofe entre Envigado, Rionegro y Medellín que estarían conformando un nuevo estrato alto migrante y podría ir segregando a los campesinos de la zona que se ven presionados a salir por el alto valor del suelo. Es decir, explica Gaviria, “no quiere decir que haya que estigmatizarlo, sino que están ubicados en un territorio que no se planificó y que sigue dependiendo de Medellín”. Por su parte, Planeación del municipio de Envigado afirmó que la responsabilidad del otorgamiento de las licencias en la localidad recae exclusivamente sobre la curadurías urbanas.
Carlos Mario Restrepo, presidente de la Junta de Acción Comunal de Pantanillo aseguró que sus vecinos de la vereda han sido campesinos de toda la vida y que tienen actividades económicas, culturales y familiares en el oriente antioqueño, por lo que cree que la presión inmobiliaria es preocupante para su arraigo con la tierra. Aunque el líder comunitario también resalta aspectos positivos como el cambio del peaje hacia el punto conocido como la Posada de Posada, lo que significa para ellos mayor facilidad para el transporte hacia la centralidad del municipio, además de las alternativas que significa para ellos que la zona se convierta en un polo de desarrollo, pues “se van a generar nuevas actividades eco turísticas y comerciales en las que ya hay campesinos trabajando”.
Sin embargo, la cuota amarga para Restrepo está en los casos de robos en viviendas y ganado que se han presentado a raíz de que el número de población flotante que llega a esos proyectos urbanos se ha incrementado y con ello la inseguridad. En veredas como Pantanillo, los habitantes acostumbraban a dejar la puerta de su casa abierta mientras adelantaban otras actividades, pero ahora con mayor tránsito de personas desconocidas y otros casos que los han puesto en alerta, aseguran que ya no pueden dormir con la misma tranquilidad.
Para Gaviria y Ríos, obras como el traslado del peaje y la construcción del Túnel de Oriente han generado una plusvalía importante sobre estas tierras de las que se han beneficiado particulares ya que los municipios aún no han cobrado este tributo, pues es un hecho por ejemplo que una hectárea de tierra antes del peaje vale mucho más que una después del mismo. Igual sucede con las propiedades que estarán cerca del Túnel que permitirá conectar al Valle de Aburrá y San Nicolás en menos de 20 minutos.
La experta recomienda como alternativa desde la planificación que los municipios se organicen entre ellos y trabajen de la mano con el sector privado, para que estos “se acojan a una propuesta de un crecimiento ordenado y el negocio siga siendo rentable”, pero que se tenga un proceso de urbanización que cuide el medio ambiente, tenga acceso a los servicios públicos y vías de acceso óptimas.