América Latina se está consolidando como un mercado clave para los proveedores de servicios digitales internacionales. Con el auge del acceso a internet, una clase media en expansión y la creciente adopción de tecnologías digitales, servicios como el streaming y la educación en línea están ganando terreno. Sin embargo, esta creciente digitalización ha venido acompañada de una mayor regulación fiscal, particularmente en lo que respecta al Impuesto al Valor Agregado (IVA) en servicios digitales transfronterizos.
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En la última década, los gobiernos de la región han implementado normativas para garantizar que las empresas extranjeras también contribuyan al recaudo fiscal. Colombia y Argentina fueron pioneros, introduciendo el IVA para estos servicios en 2017. Otros países como México, Chile y Costa Rica han seguido sus pasos, adoptando diferentes modelos de recolección de impuestos. Por ejemplo, mientras México obliga a los proveedores extranjeros a registrarse y remitir el IVA directamente, países como Argentina utilizan intermediarios financieros, como procesadores de pagos, para retener y enviar el impuesto a las autoridades.
A pesar de los avances, cumplir con estas normativas no es sencillo. Las empresas extranjeras enfrentan requisitos complejos, desde el registro fiscal en cada país hasta la presentación de declaraciones mensuales. Además, las tasas de IVA varían: mientras en Costa Rica es del 13 %, en Colombia y Chile alcanza el 19 %. Estas diferencias obligan a los proveedores a adaptar sus estrategias dependiendo del país donde operen.
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El crecimiento de la economía digital en América Latina plantea tanto retos como oportunidades. Para las empresas extranjeras, comprender y cumplir con las regulaciones fiscales es fundamental para aprovechar este mercado en expansión. Al mismo tiempo, estas medidas contribuyen a equilibrar la competencia con los actores locales.
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