En una segunda etapa del análisis realizado por el profesor César Hidalgo se señala a una cadena de errores iniciada desde los diseños como los responsables de la falla que no ha permitido poner en funcionamiento este intercambio vial realizado con dineros de Valorización. El director de Fonvalmed, César Giraldo, aseguró que aunque le pidieron a la U. de M. definir porcentajes de responsabilidad no fue posible. “Le acabé de escribir una carta a la Secretaría de Infraestructura, para que inicie los procesos de incumplimiento para las personas y contratistas comprometidos en el estudio y como te digo, hoy, están metidos todos: Diseñador, interventor, constructor 1 y constructor 2”, concluyó el funcionario.
< Este es el muro que presenta fallas estructurales
Giraldo explica que según el informe los problemas arrancaron con el diseño, pero cuando se aceptan “esos diseños empiezan a ser suyos” sumado a otros elementos técnicos que enumeraría el informe de la consultoría contratada.
Las conclusiones del informe obligarían a la administración municipal a sopesar la responsabilidad de Gisaico (quien actualmente tiene el contrato suspendido) en la cadena de errores y en revisar el tema contractual, porque de acuerdo al director de Fonvalmed a ese contrato no se puede adicionar el monto al que ascenderían las reparaciones por lo que se pasaría del monto estipulado en la ley que es del 50% del valor inicial. Es decir, la obra valdría más de la mitad de lo contemplado inicialmente.
Vivir en El Poblado se comunicó con un representante de la firma Gisaico, quien aseguró no conocer a la fecha el mencionado informe, pero afirmó que le parece imposible tener responsabilidad porque “cogimos un contrato que tenía un muro construido por otros (Unión Temporal Cruce Balsos conformada por Bernardo Ossa y Bol Ingenieros y Arquitectos). Nosotros no construimos, ni lo cobramos, ni nunca nos lo pagaron, solo lo encontramos e implementamos soluciones temporales mientras nos daban una definitiva”, concluyó un ingeniero de la firma que prefirió reservar su nombre.
Entre las alternativas contempladas por el Fonvalmed y la Secretaría de Infraestructura, de persistir los inconvenientes técnicos y jurídicos se encuentra finalizar el contrato y hacer una nueva licitación pública que podría tardar entre tres y cuatro meses, o celebrar un contrato interadministrativo con la EDU que tiene un régimen especial y puede contratar más rápido, pero significaría mayores costos. Giraldo afirmó que “la EDU cobra una administración más o menos del 8% de los cerca de $1.700 millones de pesos del contrato y estamos pidiendo que quien lo haga pueda trabajar fines de semana y horas nocturnas, lo que sube los costos pero mejora también tiempos de respuesta”. Es decir el arreglo podría valer unos 2 mil millones de pesos.
Nelson Hurtado Obando, abogado y residente del sector, aseguró respecto a esa obra que “si uno abre una llave y viene sucia, es porque viene sucia
Para Hurtado “los sobrecostos no se le tendría que cargar a los contribuyentes pues en El Poblado se le trasladaría a la gente el precio de la improvisación y la corrupción”. El director de Fonvalmed solicitó además de las acciones de incumplimiento contra los contratistas, una investigación de los entes de control como Contraloría y Personería.
Adjudicación de interventoría se desempató en rifa
Debido a un persistente empate entre los participantes del concurso de méritos para la selección del interventor de la obra de Balsos con Inferior, el último recurso consagrado para la elección era una rifa con balotas en la que el Consorcio Soluciones Medellín, integrado por Soluciones para la Ingeniería LTDA (75%) y Yamill Alonso Montenegro Calderón (25%), sacaron la balota ganadora. De acuerdo al contrato firmado por el entonces Secretario de Infraestructura Javier Darío Toro, los servicios de interventoría tenían un valor cercano a los $1.172 millones de pesos para ser ejecutado en un plazo de 19 meses, pero se ha extendido hasta el punto que actualmente se encuentra suspendido.
La Contraloría General de Medellín en una auditoría especial del 2014, señaló falencias en la interventoría como hallazgos administrativos. “El libro de interventoría referido a la obra, contiene espacios en blanco en vez del diligenciamiento continuo y sin espacios requerido para este documento que debe servir de medio probatorio en caso de eventuales discrepancias respecto al desarrollo del contrato de obra (…) Lo anterior afecta el cabal cumplimiento de las funciones de la interventoría definidas en el respectivo contrato”, a lo que en ese momento la Secretaría de Infraestructura contestó que esa situación “no afecta el cabal cumplimiento de las funciones de la interventoría”. La realidad parece contradecirlos.
