Con un resultado de 14 votos a favor, diez en contra y dos abstenciones, la Duma Departamental aprobó, en segundo y último debate, el Proyecto de Ordenanza N° 59 de 2024, presentado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, mediante el cual se impone a los contribuyentes la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Durante la sesión, la Administración Departamental reiteró que el proyecto es legal y está amparado en la Ley 2227 de 2022 y la Sentencia C–363 de 2023, proferida por la Corte Constitucional. De acuerdo el gobierno de Antioquia, la recaudación de esos recursos se destinará a enfrentar los retos de orden público, seguridad ciudadana y convivencia que prevalecen en las nueve subregiones antioqueñas.
“La inseguridad es el impuesto más alto que pagamos como sociedad. Creo en la seguridad como generadora de tranquilidad y motor de la inversión. ¿Para qué libertad o bienes, si no podemos disfrutarlos? La mejor inversión es la seguridad, creo en ella. Gracias a los diputados que acompañaron esta iniciativa”, afirmó el mandatario regional.
Diferentes sectores y personajes públicos se mostraron contrariados con la decisión de los diputados de Antioquia de apoyar la iniciativa del gobierno departamental. En su cuenta de X, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, rechazó la votación y expresó que desde EPM no se hará el cobro del proyecto aprobado por la Asamblea Departamental.
“Lamentablemente la Asamblea Departamental de Antioquia aprobó la ordenanza que propone crear un nuevo impuesto-tasa para ciudadanos y empresas, a través de la tarifa de energía. No puedo estar de acuerdo con esto. Fueron 14 votos positivos, 10 votos negativos y dos que no votaron. Desde EPM no haremos dicho cobro a ciudadanos y empresas”, dijo.
Además, agregó que resulta inconveniente que se toque la tarifa de energía, que, de por sí, ya es bastante costosa. No obstante, el mandatario distrital expresó que comparte las preocupaciones frente a las necesidades de seguridad de los territorios donde el Gobierno Nacional debería fortalecer el presupuesto para la fuerza pública: “Desde Medellín invertiremos en estos cuatro años (2024-2027) $1,3 billones en fortalecimiento de organismos de seguridad y en tecnología”, comentó.
Frente al rechazo de Gutiérrez Zuluaga, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe político del gobernador de Antioquia, se pronunció en sus redes sociales y pidió a los dos mandatarios ponerse de acuerdo y hallar un punto en común: “Por favor, estamos ante dos realidades: necesidades urgentes en materia de seguridad como lo dice el gobernador, por otro lado los contribuyentes muy recargados. Por favor busquen un acuerdo el gobernador Andrés Julián, el alcalde Federico y los gremios que representan a quienes pagarían la sobretasa”.
Por su parte, la Asociación Colombiana de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas -Acopi-, capítulo Antioquia, rechazó la iniciativa. “Este gravamen es un nuevo obstáculo, en este caso regional, para las iniciativas de reactivación económica y reindustrialización. El nuevo impuesto, bajo el nombre Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, afecta directamente a los intereses de las empresas que representamos y defendemos”, comentó la agremiación en un comunicado de prensa.
En los últimos días la propuesta ha recibido reparos de otras instancias como el Comité Intergremial de Antioquia, Fenalco Antioquia, la ANDI y la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, e incluso hasta del presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego. También Creemos, movimiento del alcalde Medellín, alertó sobre los inconvenientes de la medida. No así el CD, que con su votación en el Duma avaló el proyecto.
Los 14 diputados que votaron en favor de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana son: Juan Carlos Palacios, Hernán Torres y Jonathan Roldán, del Partido Liberal; Jorge Correa, Walter Arias, Juan Esteban Villegas y Jaime Cano, del Partido Conservador; José Luis Noreña, Verónica Arango, Luis Gabriel Gómez, Édison Restrepo, Gabriel Jaime Giraldo y Carlos García, del Centro Democrático; y Julio Restrepo de la ASI.
Así mismo, en su propósito, el gobernador reunió el apoyo de 100 alcaldes del departamento, quienes el pasado 25 de noviembre acudieron a las instalaciones del gobierno del departamento en señal de respaldo de la iniciativa de Rendón Cardona. Ese día la Comisión Primera de la Asamblea de Antioquia dio trámite al primer debate del proyecto.
Con la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia se busca recaudar $1,09 billones para destinarlos, según la ordenanza, a tecnología en seguridad, mejoras locativas para la fuerza pública, escuadrones militares y policiales; al igual que para la implementación de programas de convivencia ciudadana y justicia disuasiva.
El cobro del nuevo gravamen, que excluye a los suscriptores residenciales de los estratos 1, 2 y 3, se hará a través de las empresas de energía, sí aplica para los sectores comerciales e industriales del departamento.
El nuevo impuesto se cobrará así
Desde la Gobernación se indicó que la Secretaría de Hacienda de Antioquia será la encargada de la liquidación de la nueva tasa, mientras que las empresas comercializadoras, distribuidoras o prestadoras del servicio de energía podrán recaudarla. Según lo aprobado, la contribución tendrá una vigencia entre el 1° de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2027.
De acuerdo con el proyecto, de la contribución está exento el 85 % de los suscriptores residenciales pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3; mientras que el 63 % de los suscriptores del sector comercial pagará, aproximadamente, un máximo de $28.400 al mes, según precios de 2024; y el 75 % de los suscriptores del sector industrial pagará máximo $122 mil pesos al mes a precios de 2024.
La Tasa de Seguridad se calculará según el consumo de energía de cada suscriptor en kilovatios / hora – kWh por una fracción de la Unidad de Valor Tributario, definida por el tipo de suscripción.
Así, el sector residencial contribuirá con 0,0017 UVT ($80 para 2024) por cada kwh consumido al mes; el sector comercial con 0,0015 UVT ($71 para 2024) por kwh/ mes y el sector industrial con 0,0013 UVT ($61 para 2024) por kwh/mes.
Durante el segundo y definitivo debate se acogió una proposición de la ANDI con la cual se fijaron unos topes máximos de kilovatios/mes de gravar en el sector no residencial, es decir, industrial, comercial y oficial.
Para el sector industrial, la tasa se liquidará hasta un consumo de 500 mil kwh/ mes, mientras que para los sectores comercial y oficial será de 70 mil kwh al mes.
