En los últimos tres años, 784 metros cúbicos de madera han sido incautados por la Policía Nacional y puestos a disposición de la entidad. El Abarco y el Roble se destacan entre las especies más traficadas en la región, poniendo en riesgo la biodiversidad y las fuentes hídricas del país.
El tráfico ilegal de madera acelera el cambio climático y pone en riesgo la supervivencia de la fauna silvestre. La madera incautada puede ser donada a entidades sin ánimo de lucro, municipios, Juntas de Acción Comunal, el Ejército Nacional, y la Policía, buscando beneficios comunitarios.
Álvaro Andrés Zapata, Líder de Vigilancia Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, invita a la ciudadanía a adquirir madera en establecimientos reconocidos y certificados. La entidad también ofrece capacitaciones y atenciones personalizadas a las industrias forestales para la expedición de salvoconductos y registro de operaciones forestales, como estrategia para reducir el tráfico ilegal de madera.
Las personas que comercialicen madera ilegal pueden enfrentar penas de 48 a 108 meses de prisión, multas de hasta 1.500 salarios mínimos, la suspensión de la licencia y el cierre definitivo del establecimiento comercial.
Para denunciar, la ciudadanía puede comunicarse al teléfono (604) 3856000 Ext 127 o escribir al correo [email protected].
