Medellín se enfrenta a la crudeza de un informe revelador presentado por “Medellín Cómo Vamos”, que destaca los estragos sufridos por la ciudad durante los últimos cuatro años bajo la gestión política de Daniel Quintero.
Los datos revelados no dejan espacio para la complacencia. La ciudad ha experimentado un aumento preocupante en indicadores como la percepción de inseguridad, la deserción escolar y la escasez alimentaria, mientras que la confianza en las instituciones se ha desplomado. Es un recordatorio contundente del impacto directo que las decisiones políticas tienen en la vida cotidiana de los ciudadanos.
Estas son algunas de las cifras más impactantes:
- Crecimiento turístico entre 2021 y 2022: más del 100%.
- Incremento en empresas formales de turismo en el mismo período: 15%.
- Porcentaje de hogares en Medellín con menos de tres comidas al día en 2023: 28%.
- Cifra de personas en inseguridad alimentaria o severa según el Programa Mundial de Alimentos: al menos 357.000.
- Desnutrición crónica en menores de cinco años en 2023: 8.7%.
- Pobreza extrema en la ciudad en 2022: 7.7%.
- Problemas de infraestructura en el 96% de instituciones educativas al finalizar la administración de Quintero.
- Percepción de seguridad en los barrios de Medellín en 2023: 67%, comparado con 73% en 2019.
- Porcentaje de mujeres asesinadas por razones de género entre 2020 y 2023: 70%.
Si bien se reconoce el esfuerzo del sector privado en la recuperación económica de la ciudad, con un notable aumento en la creación de empresas y generación de empleos, surge la pregunta inevitable: ¿por qué este crecimiento económico no se ha traducido en una mejora sustancial en la calidad de vida de los habitantes?
El análisis del impacto de la pandemia en Medellín revela una paradoja preocupante: si bien la ciudad logró una notable recuperación económica, la planificación deficiente en sectores como el turismo ha dejado en evidencia una falta de estrategia para maximizar los beneficios y mitigar los efectos negativos.
La administración pasada se enfrenta a serias críticas por su manejo de los recursos, con una inversión que no se reflejó en mejoras significativas para los ciudadanos. Se cuestiona especialmente la asignación de fondos en áreas como la educación y la salud, que no recibieron la atención adecuada a pesar de contar con recursos considerables.
El aumento alarmante en la pobreza, la desnutrición infantil y la inseguridad son reflejo de una gestión pública que ha dejado mucho que desear. La confianza perdida no se limita solo al liderazgo político, sino que se extiende a las instituciones clave de la ciudad, que han visto erosionada su reputación ante los ojos de los ciudadanos.
Ahora, la nueva administración se enfrenta al desafío de restaurar la confianza perdida y mejorar la calidad de vida de los medellinenses. El plan de desarrollo presentado ofrece un rayo de esperanza, con un enfoque renovado en inversión social y programas para abordar las necesidades más apremiantes de la ciudad.
Sin embargo, queda claro que el camino hacia la recuperación será largo y arduo. Más allá de las estadísticas recuperables, las cicatrices sociales dejadas por estos últimos cuatro años requerirán un esfuerzo colectivo sostenido para sanar. En última instancia, la responsabilidad política conlleva un compromiso inquebrantable con el bienestar común, una premisa que no puede perderse de vista en la búsqueda de un futuro más prometedor para Medellín.
