Luz Marina Parra, Germán Eduardo Muñoz y Alfredo Tamayo en la zona de las obras que no avanzan
Afectados se declaran propietarios y comerciantes de la carrera 43A, en Envigado, debido a la demora en la construcción del tramo 2A de metroplús, comprendido entre la calle 31A Sur, a la altura de la iglesia de San Marcos; y la calle 39, en Guanteros.
La comunidad denuncia que la incertidumbre sobre la fecha de inicio de los trabajos les ocasiona dificultades para arrendar locales y viviendas, ya que los posibles arrendatarios no quieren padecer incomodidades por las obras o temen que estas alejen a los clientes.
Alfredo Tamayo, quien tiene un local en el sector, afirma que de percibir $2 millones de arrendamiento, pasó a $700 mil. La cifra, según él, apenas alcanza para pagar el predial.
“Llevamos diez años perjudicados social y económicamente con este proyecto; los arrendamientos se han venido abajo. Hace dos años demolieron las edificaciones y nosotros continuamos afectados porque no comienzan las obras. Pedimos enfáticamente que terminen lo que dejaron empezado, lo más pronto posible”, declaró Tamayo, presidente del Comité de afectados de la obra metroplús.
El 28 de julio, Corantioquia concedió el permiso ambiental y componente arbóreo para la construcción del tramo 2A de metroplús, lo cual habría generado objeciones del colectivo Túnel Verde.
“Todo está listo para iniciar la adjudicación de la obra. Estamos pendientes de un proceso que le posibilita a terceros apelar el permiso de Corantioquia. En este caso, son dos personas que conforman un colectivo ambiental. Si no apelan, podemos iniciar la obra; si apelan, debemos esperar hasta que la autoridad ambiental dé respuesta”, explicó Juan Diego Hernández, director de Infraestructura de Metroplús.
Por su parte Germán Muñoz, representante de la Veeduría metroplús Municipio de Envigado, manifestó que “los integrantes del Túnel Verde defienden sus puntos de vista y nosotros, aunque respetamos la posición del colectivo, pedimos que se pongan en el lugar de quienes están sufriendo una afectación económica enorme”.
Una de las personas que se declara perjudicada es Luz Marina Parra, propietaria de un predio en el que funcionó, hasta hace dos años, la empresa Cortinas Silvestre Parra.
“Trasladamos la empresa de donde venía funcionando hace más de 50 años, debido a la demolición por la obra. Eso nos representó una pérdida de ingresos por ventas de entre el 45 y 50 por ciento. Adicionalmente, no hemos podido alquilar el local que logramos construir en el terreno remanente porque nadie sabe cuándo comienzan las obras. Nos tienen perjudicados”, afirmó.
