Una intervención urbana que fue referente del 7° Foro Urbano Mundial y recibió el reconocimiento de los gobiernos de Francia y España, está ahora al garete. Una reflexión que comparte con los lectores de Vivir en El Poblado el concejal Luis Bernardo Vélez.
El Sector del Morro de Moravia nació a partir del vertimiento sin control de residuos sólidos en la zona de inundación de la quebrada La Bermejala. Esta disposición se dio desde 1972 hasta 1984, y se estima que la montaña de residuos en el lugar tiene al menos 36 metros de altura y 1.5 millones de toneladas de residuos.
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En el tiempo de recepción de residuos en el lugar, se radicaron alrededor de 2.300 familias, que vivían en condiciones de alto riesgo, debido a la emisión de fluidos contaminantes y a los movimientos de la montaña de residuos por la inestabilidad de la misma.
En la primera década del siglo XXI, diversas dependencias estudiaron las condiciones del Morro y se definió que no era posible reducir el riesgo para que quienes habitaban el Morro permanecieran allí. Por esto, se inició una intervención integral, algunas veces liderada por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y otras veces liderada por la entonces administración municipal, hoy distrital.
Desde el principio de la intervención se realizaron inversiones de al menos 2.000 millones de pesos por año. Estos recursos se destinaron a la reubicación de unas 2.150 viviendas, el monitoreo permanente de las condiciones del Morro y acciones para la habilitación del lugar como espacio público para una comunidad que cuenta con alrededor de 50.000 habitantes. En 2014 fue referente del 7° Foro Urbano Mundial con sede en Medellín, reconocido como “El jardín más grande de Medellín”, y fue un proyecto galardonado con varias distinciones, de los Gobiernos de Francia y España, entre otros. Para el año 2021, se habían habilitado 47.000 m2, que corresponden a la mitad del área total del Morro.
Sin embargo, desde 2015 la inversión se redujo en más del 50%, dejando de realizar actividades que garantizaban la apropiación comunitaria y evitaban nuevas construcciones. Esta situación se rebosó en junio de 2021 y a la fecha se han perdido unos 35.000 m2 que ya estaban habilitados, con una repoblación del sector por parte de diversos actores, que incluyen ciudadanos a los que se les han incumplido compromisos de la administración distrital, nuevos pobladores y presencia de actores armados al margen de la ley. Se estima que hay por lo menos 600 nuevas estructuras y ampliaciones de las que ya existían.
Un aspecto más preocupante todavía, es que la población del Morro manifiesta que la administración distrital no tiene oferta institucional en el sector, toda vez que no es posible el ingreso de funcionarios, ya que la comunidad teme ser caracterizada para un desalojo por la fuerza.
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Existen órdenes de las inspecciones y sentencias de juzgados, que conminan a la administración a evacuar estas personas, todo con la garantía de sus derechos. Sin embargo, la administración solo cuenta dentro de su gestión con un desalojo fallido.
Es urgente intervenir el sector, garantizando una oferta institucional que recupere la confianza en la administración. A esto se debe sumar un reinicio de las acciones que recuperen el Morro como una zona de esparcimiento.
