“Dicen los señores Villegas (Álvaro Villegas y Pablo Villegas), que solo tienen plata para repotenciar los edificios que construyó el grupo CDO y que hoy presentan fallas estructurales. Hay abogados que quieren que los Villegas lleguen a un acuerdo económico con las familias afectadas, con el fin de que se les pague el valor de los apartamentos, pero ellos responden que eso podría costarles 700 mil millones de pesos y que en definitiva no tienen ese dinero. Dicen que repotenciar los apartamentos les costaría 80 mil millones de pesos”, aseguró a Vivir en El Poblado una alta fuente de un organismo técnico estatal, quién pidió no ser identificada. La fuente también manifestó que, a septiembre de 2014, la mayoría de empresas del grupo mostraban cifras en rojo en sus balances.
De ser cierta esta afirmación, los dos mil damnificados que tenían sus apartamentos en Continental Towers, Asensi, Colores de Calasania, Cerezos de Calasania, Punta Luna, Punta Luna 3, San Miguel del Rosario, Altos de San Juan, Alcalá y de Acuarela del Norte, se verán abocados a tomar una difícil decisión, pues tendrán que poner en la balanza si aceptan que el grupo constructor repotencie las edificaciones donde se encuentran sus apartamentos, o si, por el contrario, siguen con las reclamaciones, corriendo el riesgo de que, a futuro, el grupo y sus empresas entren en liquidación. “Los Villegas tienen una plata para repotenciar y lo ideal es que los afectados lo permitan, si no, lo más seguro es que, en algún momento, el grupo CDO entre en quiebra, sus sociedades en liquidación y se tenga que repartir lo que quede entre los dos mil damnificados y los otros acreedores. Lo mejor sería que se continuara el proceso de reorganización del grupo”, expresa la fuente.
Este jueves 26 de febrero, en Medellín, el superintendente de sociedades, Francisco Reyes Villamizar, se reunirá con representantes de las familias afectadas para exponerles esta situación.
La fiducia sin fondos
La fiducia va restando y restando. Según un documento suministrado por otra fuente de alto nivel a Vivir en El Poblado, el Fideicomiso ADM Calamar, que fue constituido por un valor de 23 mil 666 millones 530 mil 936 pesos, a corte de enero 31 de 2015 solo cuenta con 943 millones 748 mil 930 pesos. La cifra es alarmante si se tiene en cuenta que de esa fiducia deben salir mensualmente 800 millones de pesos para pagar los auxilios de habitabilidad de las familias afectadas. Sin embargo, lo anterior no quiere decir que el grupo no tenga más recursos, pues fuentes cercanas al caso han manifestado que el banco de tierras de CDO es cuantioso. En relación con este tema, la alta fuente del organismo técnico estatal comenta: “Tengo entendido que hay una serie de títulos que se pueden recoger para darle liquidez a la fiducia, pero plata líquida solo hay hasta marzo”.
En qué va el proceso de liquidación de Lérida CDO
Al respecto, Héctor Hugo Ramírez, abogado del proceso liquidatorio de Lérida CDO S.A., explica: “El borrador inicial que habíamos planteado se está corrigiendo y acomodando a la disposición de la Superintendencia. También estamos pendientes del nuevo avalúo del lote que deberá ser aprobado por la Superintendencia de Sociedades”. El abogado añade que las sociedades del grupo presentaron al proceso liquidatorio créditos que estaban legalmente en la contabilidad pero que, al decretarse la unidad de grupo por parte de la Superintendencia, esos créditos pasaron a ser postergados.
si no, lo más seguro es que CDO entre en quiebra y se tenga que repartir lo que quede”
Según Marco Tulio Zapata, de los propietarios de los 161 apartamentos que constituían Space, solo quedan 18 pendientes por negociar, 13 de ellos representandos por el bufete de abogados de Javier Tamayo & Asociados. “De los 82 apartamentos de las torres cinco y seis del edificio Space, se han cancelado en su totalidad 81, solo está pendiente un apartamento cuyo dueño falleció; de la torre cuatro, conformada por 24 apartamentos, ya hay cancelados, parcial o totalmente 22, quedan pendientes dos; de la torre tres, que eran 21 apartamentos, se han cancelado, total o parcialmente 17, los cuatro restantes son personas que tienen como apoderado al doctor Tamayo; de los 16 apartamentos de la torre dos, están pagados total o parcialmente 12, los cuatro restantes están representados por Tamayo & Asociados; y de los 18 apartamentos de la torre 1, hay cancelados, parcial o totalmente 11, y de los siete restantes, cinco también están con Tamayo. Dos son personas que no han negociado”. Asegura también el liquidador que, para cumplir con los pagos de los apartamentos de la torre cinco y seis de Space, el grupo constructor ha desembolsado 31 mil millones de pesos.
En veremos el avalúo del lote
Después de tantos ires y venires con el avalúo del lote donde quedaba la urbanización Space, ahora resulta que deberá ser la copropiedad de la inexistente edificación la que solicite el avalúo del lote. “Se va a convocar a asamblea de copropietarios con el fin de pedir la extinción de la copropiedad, eso quiere decir que la copropiedad se extingue, se ordena su liquidación y se nombra un liquidador que solicite el avalúo. ¿Por qué no lo habíamos hecho?, porque no teníamos los derechos en proindiviso autorizados por CDO, de las negociaciones que ellos habían realizado. Esos derechos fueron cedidos a la sociedad en liquidación”, aclara Marco Tulio Zapata y añade: “La decisión de que debe ser la copropiedad la que realice el avalúo se tomó después de estudiar el nuevo régimen de propiedad horizontal de la ley 675 de 2001, y también, porque se necesita disolver la copropiedad horizontal; yo no puedo adelantar nada si no se disuelve”. Cabe recordar que el primer avalúo del lote fue solicitado por el proceso liquidatorio a la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, entidad que luego fue removida por el mismo liquidador argumentando incumplimiento de la entidad, en términos de tiempo. Posteriormente, el liquidador delegó esta tarea a Carlos Alberto Delgado, Alfonso Yacamán y a Javier Ortega, afiliados a La Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia y a Fedelonjas.
En su momento, Federico Estrada, presidente de La Lonja, comentó lo siguiente en relación con la decisión de remover a la entidad como avaluadora del lote: “Cuando se nos hizo la solicitud de avalúo del lote, notificamos que lo terminábamos cuando tuviéramos el concepto oficial de la autoridad competente en materia normativa, entonces oficiamos a la Curaduría Tercera este concepto; la Curaduría trasladó nuestra consulta al Ministerio de Vivienda. De manera paralela, consultamos a la Dirección de Planeación del Municipio. También nos encontramos que la situación del lote se presta para dos interpretaciones de lo que se puede construir en él; por un lado está la normativa vigente y, por el otro, la interpretación de que al existir un siniestro se mantengan las condiciones de los aprovechamientos urbanísticos que se concedieron en la licencia de construcción cuando se construyó el edificio, y estas dos interpretaciones nos arrojan dos valores distintos del mismo lote”.
