Desde la noche del 12 de octubre de 2013, cuando colapsó la torre 6 del edificio Space, tragedia en la que perdieron la vida 12 personas, río abajo han corrido toda clase de aguas: evacuaciones de unidades vecinas a Space, demolición de la torre 5 y posteriormente de las torres 1 a la 4, intervención de la Superintendencia de Sociedades en el caso, reorganización del grupo constructor CDO, liquidación de Lérida CDO -una de sus sociedades-, negociaciones entre familias damnificadas y la constructora CDO, estudio del colapso de la torre 6 por parte de la Universidad de Los Andes, acuerdos de pago con damnificados de Space y la constructora CDO, procesos penales, y, en fin, una serie de hechos que no termina.
Entre el jueves 18 y el viernes 19 de diciembre, Carlos Alberto Delgado, Alfonso Yacamán y Javier Ortega –afiliados a la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia y a Fedelonjas– deberán entregar el avalúo del lote de Space, encargo hecho por el agente liquidador de Lérida CDO, Marco Tulio Zapata. “A partir de ese momento debo pasarle el proyecto de graduación de créditos a la Superintendencia se Sociedades para que lo analice y estudie; y si no hay ningún tipo de objeción, lo apruebe”, comenta Zapata.
Una vez se surta este proceso en los tiempos y términos de ley establecidos (en un plazo de 30 días), la liquidación procederá a cancelar las acreencias. Sin embargo, al liquidador Marco Tulio Zapata le sigue preocupando la disponibilidad de recursos. Como lo publicamos en la edición 599 (4 de diciembre), Zapata manifestó la necesidad de oxigenar el patrimonio autónomo constituido por el grupo constructor, para poder reconocer mes a mes los subsidios de habitabilidad de los propietarios que debieron desocupar sus inmuebles, así como para pagar los contratos de transacción celebrados entre la sociedad en liquidación y las familias de Space, y otras obligaciones. Según el agente liquidador, dicha oxigenación debe correr por cuenta del Municipio de Medellín, pues este compró en la unidad residencial Altos de San Juan 558 Viviendas de Interés Prioritario (VIP) por 3 mil 289 millones 410 mil pesos que -asegura Zapata- aún no ha pagado.
El agente también manifestó que la premura de oxigenar el patrimonio es la restitución patrimonial de las familias con las que la constructora CDO no ha llegado a ningún acuerdo. “Si ese patrimonio autónomo no se oxigena, y no hay más recursos pues la liquidación cuenta con un solo activo que es el lote de Space, lo único que quedaría es entrar a adjudicar en pro indiviso (por repartir) a todos los propietarios los derechos que tienen sobre el lote”. Y agrega: “Pero el lote tiene un problema porque no está en cabeza de Lérida CDO todavía, sino que parte está en cabeza de lo copropietarios (el 20 por ciento), quienes se comprometieron a ceder o subrogar los derechos en el grupo (CDO) para que este pueda disponer del lote, pero esos derechos no los van a ceder hasta que no les paguen”.
Las familias
A la fecha, 74 familias de Continental Towers, 114 de Asensi y 288 de Colores de Calazania, construidas por CDO, continúan recibiendo subsidios de habitabilidad. La copropiedad de Colores de Calazania aceptó el proyecto de rehabilitación de la edificación, presentado por la constructora, por lo cual esta lo radicará en la Curaduría Primera de Medellín. Caso contrario sucede con las familias copropietarias de Asensi y Continental, que desde el comienzo han manifestado que no aceptan la rehabilitación de los edificios. En cuanto a las nueve familias de Space, representadas por el bufete de abogados del jurista Javier Tamayo, continúan sin negociar, pese a que firmaron un acta de intención con la constructora.
En lo penal
Como se había informado oportunamente, el Juzgado Octavo Penal Municipal de Medellín, con funciones de conocimiento, precluyó en favor de los directivos de Lérida CDO la investigación que adelantaba por el homicidio culposo de siete de las doce víctimas mortales. Con la decisión judicial fueron beneficiados el representante legal de la constructora Pablo Villegas Mesa, la directora de obras María Cecilia Posada Grisales y el ingeniero calculista Jorge Aristizábal Ochoa, quienes son investigados por homicidio culposo y lesiones personales culposas. Sin embargo, informó la Fiscalía General de la Nación que el pasado 11 de diciembre se inició el juicio contra las tres personas antes mencionadas, por el homicidio de Juan Esteban Cantor, único habitante de la urbanización Space que murió en el colapso, y por “los homicidios de las cuatro personas que todavía no han finiquitado el acuerdo económico con la constructora del inmueble siniestrado”.
