William Freydell, Ignacio Arbeláez, Luis Fernando Lenis, Adriana Zapata, Gloria Patricia Rúa, Luis Carlos Jaller y Daría Bustamante
La Junta de Representantes de Propietarios y Poseedores de El Poblado, grupo de ciudadanos de la zona de citación, elegidos popularmente para hacer veeduría civil del Proyecto de Valorización El Poblado, mostraron su descontento sobre la forma en que se está llevando a cabo el proceso y piden revocar la resolución distribuidora 094 del 22 de septiembre de 2014, por medio de la cual se realiza el cobro a los propietarios de la zona de citación.
Todo esto, después de que se expidiera la resolución distribuidora, días después de que la junta dio un concepto negativo de varios aspectos del proyecto.
Lo invitamos a leer el concepto de la Junta de Representantes de Propietarios y Poseedores de El Poblado aquí.
Carta al alcalde
Por esta razón, la junta conformada por Darío Bustamante, Luis Carlos Jaller, Adriana Zapata Restrepo, Luis Fernando Lenis, Ignacio Arbeláez, William Ernesto Freydell, Dexi Natalia Muñoz y la suplente universal, Gloria Patricia Rúa, envió una carta al alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, donde expone en detalle su inconformidad y pide ser atendida personalmente por el mandatario.
En la misiva, con número de radicado 201400516634, los integrantes de la Junta de Representantes de Propietarios y Poseedores de El Poblado pusieron en evidencia lo que, para ellos, son inconsistencias en el proceder de los funcionarios de la Administración vinculados al proyecto.
En primer lugar, se manifestaron sobre el papel real de la Junta dentro del proceso. Según la carta enviada por los ciudadanos: “Desde el día de nuestra posesión, se nos repite de forma reiterada que ‘los conceptos de la Junta de Representantes no son requisito para la validez de los actos’. Tenemos claro lo que esto significa, y esto es muy diferente a lo que pasa en la realidad, donde por parte de los funcionarios, se nos trata como a convidados de piedra y se pretende que actuemos simplemente como validadores de las decisiones de la Administración”.
Por otro lado, critican que a los contribuyentes de El Poblado se les estén cobrando obras que son de interés para toda el Área Metropolitana. Según la Junta, dos de las obras (la segunda calzada de la Avenida 34 entre la Avenida 43A y Las Palmas, y la prolongación de Los Balsos hasta la Transversal Superior) benefician a una población mucho mayor que a los habitantes de la zona de citación. El valor de estas dos vías significa más del 60 por ciento del monto que recaudará el Fonvalmed.
El comunicado hace claridad en que los integrantes de la Junta “somos conscientes de que los habitantes de este sector tenemos amplias responsabilidades con la ciudad y con nuestros conciudadanos; y por ende aportamos más en tarifas de impuestos y servicios (…) pero nuestras capacidades son limitadas. Así los habitantes del sector sean mayoritariamente de un nivel socioeconómico más alto, sentimos que están abusando de nosotros”.
La carta termina con una invitación al Alcalde a reunirse con los integrantes de la Junta y escuchar sus argumentos. “Los miembros de esta Junta, como personas, como profesionales, como ciudadanos, como representantes de la comunidad, como beneficiados de las obras y como afectados por la contribución, nos sentimos maltratados. Nos interesa poder reunirnos con usted para manifestarle de manera personal nuestras inquietudes e inconformidades, pero lamentablemente hemos tratado desde que usted estaba en campaña sin resultados positivos”.
Pueden leer la carta completa haciendo click aquí.
“La junta es un formalismo”
Una de las principales inconformidades de los miembros de la Junta de Representantes de Propietarios y Poseedores de El Poblado es el trato que les dio la Administración que, según ellos, hizo caso omiso a sus comentarios y sugerencias. “¿La junta para qué?”, se pregunta Darío Bustamente, su presidente, quien asegura que “el papel de la Junta en la ley y en la realidad es diferente”.
Por otro lado, Luis Carlos Jaller asegura sentir malestar y también se cuestiona: “¿qué se pretende con que haya una Junta?”. Asimismo, afirma que “estamos protegiendo los intereses de la gente que está al lado de nosotros”, pero “tenemos dificultades con el qué y con el cómo” del proceso.
Gloria Patricia Rúa, suplente universal de la junta, se une al reclamo: “La Junta es un formalismo, lo que nosotros pensamos no es importante para la Administración”, comenta. “Somos invitados de papel, de piedra. No tenemos injerencia en nada”.
Jaller, por su cuenta, enfatiza en que “dimos concepto negativo a la distribución”, por las irregularidades y las decisiones finales sobre las obras. “El presupuesto está más grande que cuando empezamos”, dice. “Cada vez que nos muestran una cifra es más grande que la anterior”.
Desde 2009, cuando la Junta se posesionó, los costos del proyecto eran de $265.589’000.000. y desde entonces han venido aumentando a pesar de haber excluido los accesos del puente de la 4 Sur. A la fecha las obras valen casi el doble, $494.930’718.000.
A pesar de todo, los integrantes de la Junta dicen que seguirán haciendo parte del Proyecto de Valorización El Poblado, haciendo control de las obras y del proceso de cobro. “Como Junta, continuaremos apoyando todos los esfuerzos de la Administración para la ejecución de las obras y haremos uso de todos los recursos a nuestro alcance para continuar insistiendo en la posibilidad de que se haga un reparto más justo y equitativo”. Además, según Luis Fernando Lenis, buscarán unirse “con los contribuyentes y poseedores para indicarles cómo acceder a sus derechos”.
