Que no se pierda el impulso
El reto ahora es aprovechar el impulso y frenar de una vez por todas las falsas VIP. Y, a propósito, ¿qué va a pasar con las que ya están terminadas?
Por fin, después de cerca de dos años de que en Vivir en El Poblado diéramos la voz de alerta sobre las irregularidades alrededor de la construcción de Viviendas de Interés Prioritario (VIP), se empieza a dar una verdadera respuesta social e institucional frente a este tema.
La primera inquietud la manifestó a este periódico una fuente confiable, un alto directivo del Departamento de Planeación de Medellín, quien veía impotente cómo constructores inescrupulosos, a la caza de oportunidades no éticas de negocio, le hacían el esguince a la ley para beneficiarse, sin remordimientos, de las exenciones de impuestos y otros incentivos contemplados para aquellos que edificaran, de verdad, viviendas para los más pobres.
La fórmula de este descaro, por decir lo menos, es bien sencilla, como bien lo explica en esta edición el columnista Juan Carlos Vélez, y como lo hemos detallado en otras ocasiones: construyen supuestas viviendas VIP (cuyo valor no debe exceder los 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes –hoy, 39 millones 669 mil pesos–) pero terminan vendiendo estas unidades a precios similares al de cualquier proyecto en estratos altos. De entrada, es absurdo pensar que pueda haber viviendas de este tipo en la comuna 14, donde el valor promedio del metro cuadrado es de tres millones cien mil pesos. ¿De cuántos metros entonces tendría que construirse una casa en El Poblado para que no exceda los 39 millones 669 mil pesos de una VIP? Con cuentas sencillas, el apartamento sería de 12.79 metros cuadrados. Si acaso, un patio. La figura que les ayuda a estos constructores a burlar la normativa es vender por separado parqueadero, cuarto útil y acabados, para equiparar el valor que normalmente tiene un apartamento en la comuna 14. Obligan al comprador a adquirirlo bajo estas condiciones que excluyen a una familia de escasos recursos económicos. Estas, difícilmente, logran acceder a una casa VIP con el precio establecido por el Gobierno.
Hay que ver la dificultad, por ejemplo, para que una madre de tres hijos, cabeza de familia, quien trabaja sin descanso desde hace 20 años en los oficios varios de una empresa estable, pueda conseguir en Medellín, en el barrio popular donde habita, en el estrato 1, una casa propia. De hecho, no ha sido posible. Además de las trabas para obtener los créditos y subsidios, el solo tope de la cuota inicial la hace inalcanzable para alguien que como ella gana un salario mínimo y, por tanto, no tiene capacidad de endeudamiento. Por eso es inadmisible seguir permitiendo que constructores avivatos alimenten sus arcas de cuenta de los beneficios que deberían destinarse exclusivamente a favorecer a los más necesitados.
El reto ahora es aprovechar el impulso y frenar de una vez por todas las falsas VIP. Y, a propósito, ¿qué va a pasar con las que ya están terminadas?
