Así, queda suspendida la vigencia de los permisos expedidos a personas naturales, jurídicas o inmuebles rurales para tener y portar armas o municiones en esos días y horas.

La medida no cobija a los miembros activos de la fuerza pública, oficiales y suboficiales pensionados, profesionales de reserva, vigilancia y seguridad privada solo en ejercicio de sus funciones, CTI, funcionarios de la rama Ejecutiva, Legislativa y Judicial, la Procuraduría, Fiscalía y demás organismos de seguridad del Estado. (Tampoco a los que sabemos, es decir, a los delincuentes de todos los pelambres, quienes ni cuenta se dan de estas medidas).

A quienes les quiten el arma por violar esta resolución, los multarán con un salario mínimo mensual, que deberá ser cancelado previo a la devolución de su propiedad.