El estado de emergencia carcelaria abarca diversas medidas, como la restricción de visitas a los detenidos, que, aunque no se pueden suspender completamente porque va contra la ley, se reemplazarán por llamadas virtuales autorizadas por el Inpec. Asimismo, se limitarán las comunicaciones de los presos y se agilizarán los traslados entre cárceles.
La declaración de emergencia se fundamenta en amenazas concretadas y algunos asesinatos contra guardias del Inpec en varias regiones del país, atribuidos a la reciente captura de líderes de distintas bandas criminales.
Recientemente, se han reportado actos de violencia contra el Inpec. El pasado 10 de febrero, en Cartagena, fue asesinado Jesús Cárdenas, un guardia del Inpec, a las afueras de la cárcel San Sebastián de Ternera. Ese mismo día, en Jamundí, un atentado dejó a varios guardias heridos. Ante la creciente ola de violencia en Tuluá, municipio del Valle del Cauca, a manos de la banda criminal “La Inmaculada”, que ha amenazado con atentar contra funcionarios debido a la “represión carcelaria” en el país, los sindicatos del Inpec han anunciado la posibilidad de un paro.
