¿El arte en manos de quién?

Un museo nacional no puede convertirse en el escenario donde los políticos deciden qué merece ser recordado y qué debe desaparecer. La discusión sobre las piezas retiradas del Museo Nacional de Colombia plantea una pregunta de fondo: ¿quién tiene la autoridad para construir el relato de nuestra historia?
Por: Opinión
24 octubre, 2026
Juan Carlos Mazo
Por: Juan Carlos Mazo. Comunicador social-periodista, con amplia experiencia en los medios nacionales y la comunicación organizacional.


Un museo no es una bodega de objetos antiguos ni una galería decorativa destinada a satisfacer el gusto de quienes lo visitan. Es un espacio donde una sociedad se mira a sí misma, reconoce sus contradicciones y revisa sus certezas. Por eso, cuando el poder político interviene en la selección de las piezas que deben exhibirse, la discusión trasciende las paredes de una institución cultural y se convierte en un asunto de democracia.

Las primeras preguntas son:

¿Tiene cabida en un museo objetos relacionados con movimientos sociales, diversidad sexual, víctimas de la violencia política y el Acuerdo de Paz?, ¿Es el espacio para este tipo de objetos?, ¿quiénes son los llamados a hacer la curaduría en un museo, los curadores o los políticos?, ¿quién debe decidir qué se expone, con qué criterios y bajo qué responsabilidad profesional?

Y aquí vamos a lo más simple de la historia: como siempre en Colombia, hay un montón de gente opinando de lo que no tiene ni idea. Simplemente porque es una minoría no tiene derecho de estar en un museo, simplemente por ser político no se da el derecho de opinar sobre un museo, simplemente porque es un opinador de oficio no se abroga el poder de decir tal o cual cosa sobre una exposición. La discusión debe estar entre los curadores, entre los artistas, entre los profesionales que hacen parte del mundo de los museos. Nadie opina sobre poner una obra de tal o cual artista en cualquier museo, ¿por qué ahora sí se debe opinar de estas obras?

Los políticos, no importa la corriente, no son quienes deberían determinar el valor artístico, histórico o cultural de una obra, ni decidir por afinidad ideológica qué objetos merecen ocupar una sala de museo.

Eso no significa que las instituciones culturales estén por encima del escrutinio público. Los museos reciben recursos públicos, tienen responsabilidades con la ciudadanía y deben explicar sus decisiones. Pero una cosa es exigir transparencia, rigor histórico y rendición de cuentas, y otra muy distinta es pretender que las preferencias de un gobierno se conviertan en el criterio que determina qué merece ser visto y qué debe quedar fuera.

Un museo tampoco es neutral en el sentido absoluto de la palabra. Elegir una pieza, ubicarla junto a otra, redactar una ficha explicativa o construir un recorrido implica tomar decisiones. Toda curaduría supone una interpretación. Precisamente por eso, la selección debe estar respaldada por investigación, conocimiento especializado, criterios museológicos y debate profesional, no por las convicciones personales de cualquier dirigente político.

El arte se hizo para cuestionarnos, para movernos, para sensibilizarnos, para mostrarnos otras realidades, otros mundos. También hay museos para hacer apología de algo o exaltar a alguien. Y eso lo define una cosa, el criterio del museo y del curador. Es como el técnico de un equipo, es quien define estrategia y alineación.

La función de un museo no es decirnos a quién debemos admirar ni qué debemos pensar. Su responsabilidad es ofrecernos contexto, evidencias y herramientas para comprender. El visitante debe salir con más preguntas, no necesariamente con las mismas respuestas que tiene quien dirige la institución.

Por eso resulta tan problemático que el debate se plantee como una batalla entre una supuesta cultura de izquierda y otra de derecha. Además, en un país con tantas heridas abiertas, con tanta impunidad, con tantos que posan de santos y no lo son, con tanta sangre en las manos, hay exaltaciones que al enrostrarlas, duelen.

El arte y el patrimonio pueden ser discutidos por todos. Los ciudadanos tienen derecho a cuestionar una exposición, los investigadores a controvertir sus interpretaciones y los gobiernos a exigir transparencia en el uso de los recursos públicos. Pero la autoridad para seleccionar, interpretar y preservar las colecciones debe ejercerse mediante procedimientos profesionales, autónomos y transparentes, no a partir de órdenes dictadas por conveniencias partidistas.

La verdadera neutralidad de un museo no consiste en evitar las historias incómodas, sino en tener la independencia necesaria para contarlas sin obedecer al poder. Y si los políticos quieren discutir el arte, que lo hagan con argumentos, no desde las narrativas sesgadas, la victimización o el desprecio por el otro.

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