El 24 de septiembre la Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo hizo público un pronunciamiento relacionado con la contratación del Municipio de Medellín. El primer anuncio de ese pronunciamiento era de suyo llamativo: “El 41,5% de la contratación realizada por el Municipio de Medellín para los años 2008 y 2009 en la ejecución del Plan de Desarrollo se encuentran en: la Empresa de Desarrollo Urbano –EDU-, Empresas Públicas de Medellín E.S.P –EPM-, Metroseguridad, Universidad de Antioquia –UdeA-, Empresa Social del Estado Metrosalud, Comfama, Instituto Tecnológico Metropolitano –ITM-, Empresas Varias de Medellín –EEVVM-, Salazar Zuluaga Jaime Emilio, Fiduciaria Bancolombia S.A, Metroplús S.A. y Salud Vida EPS”.
A pesar de la sonoridad propia de los anuncios de esta naturaleza, hay que advertir que nada de esto es ilegal ni poco transparente; puede que ni siquiera sea extraño o poco usual. Sí es, como dice la Veeduría, digno de un análisis más pausado.
Según el informe de la Veeduría, el 76,2% de la contratación del Municipio de Medellín se hace de manera directa, no mediante licitación pública. Las dos formas de contratación son legales, sin embargo, ninguna de los dos es aconsejada para todos los casos. La primera, la directa, es considerada como un mecanismo excepcional en el cual el Estado, en este caso el Municipio, elige a un contratista público que cumpla con todos los requisitos del negocio en cuestión. La segunda, la licitación, se hace entre varios oferentes, entre los que se selecciona al que mejores condiciones (financieras, de resultados, etcétera) ofrezca al Estado.
Ambas formas de contratación, pueden ser usadas al derecho, con todas las garantías para las partes, y con total transparencia. También puede usarse al revés, obviamente. Lo mismo sucede con la licitación pública. En el caso del Municipio de Medellín, la transparencia y la legalidad han sido la norma. Así lo señala la Veeduría.
Ahora bien, distintas organizaciones de la sociedad civil, como las que conforman la Veeduría al Plan de Desarrollo, consideran que el Municipio de Medellín debería “ en el marco de una política de democratización de los recursos de la ciudad, evaluar las modalidades de contratación y los requerimientos de las mismas y crear a partir de ello, mecanismos de fortalecimiento de las organizaciones e instituciones sociales de Medellín, para que puedan acceder a los procesos de contratación planteados por la ley”. En otras palabras, que los negocios con el Estado, los dineros públicos, deberían beneficiar a un mayor número de contratistas, y para hacerlo, no recurrir tanto a la contratación directa.
Finalmente, la Veeduría recomendó revisar la contratación con Salazar Zuluaga Jaime Emilio, “quien acumuló contratos en este período con un acumulado de 39 mil millones, para el servicio de atención alimentaria y nutricional de diferentes proyectos”.