La recomendación de las autoridades para las personas a las que les ofrezcan viviendas VIP, es preguntar en Planeación si todo está en orden con ese proyecto
Sigue generando comentarios la vinculación, a un proceso único en Fiscalía, de 14 personas e igual número de proyectos de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) en la ciudad.
El director seccional de Fiscalías de Medellín, Germán Giraldo, le explicó a Vivir en El Poblado que esta decisión se tomó luego de unir 143 denuncias de personas que se habían sentido afectadas por varios de estos proyectos, y que tenían al nombre Pedro Arenas como común denominador.
“Teníamos todas estas denuncias independientes, pero al ver la situación decidimos agruparlas en un solo proceso y crear un grupo de tareas especiales conformado por tres fiscales, cuatro investigadores y un fiscal especializado para que lleve la investigación”, anunció Giraldo.
Explicó que estos grupos se conforman cuando se encuentran “bandas criminales”. Una de las sorpresas más grandes que tuvo es que entre los vinculados al proceso “hay varios funcionarios públicos y personas cercanas a las curadurías”.
Este nuevo capítulo de las VIP se inicia con seis posibles delitos: estafa, estafa agravada, fraude procesal, urbanización ilegal, falsedad en documento público y concierto para delinquir.
¿Cómo se llegó a este punto?
La Fiscalía encontró que a muchos de los denunciantes les ofrecían estos proyectos y efectivamente se los vendían a 40 millones de pesos (que es lo que debe costar una VIP legal, aproximadamente), pero luego les pedían (a los propietarios) más dinero. Muchos de los compradores optaban por entregar varios millones más, en algunos casos porque no querían perder el dinero inicial, y, en otros, porque la inversión seguía siendo rentable.
“Encontramos que entre algunas de las modalidades estaba cobrar por aparte los parqueaderos y los cuartos útiles, para obtener mucha más ganancia. Y encontramos casos en los que una misma vivienda la vendieron tres veces”, anotó Giraldo.
Las investigaciones también han mostrado que en varias oportunidades falsificaban documentos de Planeación para evadir los controles.
Se estima que desde el año 2010 hay implicados en estas denuncias cerca de cuatro mil millones de pesos y se tiene preparado un nuevo proceso con otras 33 denuncias, independientes a las mencionadas, que derivarán en la creación de otro grupo de tareas especiales para investigar.
El ente acusador deja claro que por ahora la investigación solo cobija 14 proyectos (ubicados en Laureles, Ayacucho y otras zonas de la ciudad), y hasta la fecha no hay vinculación a ninguno de los proyectos VIP en El Poblado.
