El caso de Juliana Guerrero, casi nombrada viceministra de la Juventud en el Ministerio de Igualdad, demuestra que la política del actual Gobierno Nacional es la del “todo vale”. Aunque, en este caso, el fin no justifica los medios y la funcionaria que estaría encargada de formular e implementar las políticas públicas y los planes y programas orientados a promover los derechos de la juventud, resultó ser una farsa.
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La denuncia contra el posible nombramiento de Guerrero fue presentada por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien advirtió que la candidata nunca había pisado un salón de clases en la Fundación Universitaria San José. Posteriormente, el 7 de noviembre, la institución anuló oficialmente sus diplomas al comprobar que no existía registro de asistencia a clases, evaluaciones ni presentación de las pruebas Saber Pro o Saber TyT, requisitos indispensables para graduarse en Colombia.
Sin embargo, la frustrada postulación de Guerrero plantea algunos interrogantes y un dilema mucho más profundos. ¿Se merecen los jóvenes de Colombia el liderazgo de una funcionaria que falta a la verdad en aras del poder? ¿Un cargo de tal importancia merece ser ocupado por una persona que no cumple con la norma? ¿Es un capricho el criterio del mérito académico y la experiencia? La respuesta es un categórico NO.
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Un país con la crisis de educación que tiene Colombia merece que las personas que influyan en la formación académica y social de los jóvenes cumplan con la idoneidad de la que Guerrero carece por faltar a la verdad. Según la OCDE, el país enfrenta una de las tasas más altas de deserción escolar en la región y resultados muy por debajo del promedio internacional en las pruebas PISA, lo que evidencia un sistema incapaz de garantizar aprendizajes básicos. A esto se suma que más de 725.000 estudiantes repitieron el año escolar en 2024, un dato que refleja no solo la precariedad en la calidad de la enseñanza, sino también el riesgo de que miles de jóvenes abandonen definitivamente las aulas. En este contexto, la ética y la transparencia en los liderazgos juveniles deberían ser innegociables, pues la juventud ya carga con un sistema debilitado que exige respuestas serias y responsables.
El panorama se agrava con la crisis financiera de los colegios privados, golpeados por la baja ocupación y la alta morosidad en el pago de pensiones, y con la situación de la educación rural, donde la corrupción ha desviado recursos que nunca llegan a las escuelas más necesitadas. La combinación de desigualdad territorial, falta de inversión y mala gestión institucional dibuja un escenario en el que los jóvenes colombianos luchan por estudiar en condiciones adversas. Frente a esta realidad, el nombramiento de una funcionaria con credenciales falsas no es solo un error administrativo: es un insulto a quienes, con esfuerzo y sacrificio, buscan abrirse camino en un sistema que ya les pone demasiadas barreras.
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El intento frustrado de confundir y reinar por parte de Juliana Guerrero y otros funcionarios y personas cercanas al Gobierno Nacional, sientan un precedente muy pobre en lo que se refiere a la calidad de la educación y las cualidades de nuestros dirigentes.
Colombia merece más. Personas de todos los orígenes con trayectorias que inspiren, en lugar de ser cuestionados; que convenzan a los jóvenes a que el esfuerzo tiene resultados. Porque en un país donde la educación tambalea, la mentira no puede ser la brújula del liderazgo.
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