Tras la apelación de la administración municipal a la acción popular interpuesta por residentes de Provenza y el centro de El Poblado para controlar la contaminación auditiva y el espacio público en esta zona, el Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la sentencia inicial proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Medellín. Como se recordará, el 8 de mayo de 2013 este juzgado acogió las pretensiones de la demanda y ordenó al Municipio a “diseñar, adoptar y ejecutar un protocolo o programa eficiente y efectivo para controlar las fuentes de emisión por ruido en el sector…”. Es decir, esta orden apelada, sigue hoy vigente.
En respuesta, dice el Secretario de Gobierno y Derechos Humanos de Medellín, Wilson López: “Nosotros hemos venido haciendo actividades relacionadas con esa acción popular. Controles al ruido, a la ocupación del espacio público, a los vehículos y pusimos la Inspección de Permanencia 4”. Agrega que mediante el nuevo POT proyectan “restringir, dentro de lo posible, la apertura de nuevos establecimientos”. Sin embargo, advierte que aunque la posición de la Alcaldía es cumplir las órdenes judiciales y hacer respetar a la comunidad su derecho a la tranquilidad, “esto también se cruza con los derechos de los comerciantes”.
¿Cómo van las Brigadas Antirruido?
Una de las principales estrategias con que la Alcaldía ha intentado contrarrestar el ruido son las Brigadas Antirruido, presentadas por el programa municipal Rumba Segura y los comerciantes de la Corporación Zona Rosa el 26 de noviembre de 2013. Según Edilma Escobar, coordinadora de Rumba Segura, desde esa fecha hasta el 27 de diciembre se hicieron 29 visitas a establecimientos y seis mediciones con sonómetro, entre las 11 pm y 1 am. “La medición dura aproximadamente una hora y permite la visita de dos locales por noche. Puede ser incómoda porque se debe apagar la música y variar los niveles para medir el ruido externo e interno, algo que los clientes no entienden”, dice Daniel Molina, ingeniero de sonido de las brigadas. A estos también se les quiere llegar con una campaña que informe el porqué de las mediciones, que han marcado entre los 70 y 80 decibeles (el máximo son 60, de acuerdo con la resolución 627 de 2006). Una vez se hace la corrección, se indica con un sticker en el máster de la consola de cada sitio, hasta donde se puede emitir el sonido. El seguimiento se hace cada 15 días y si el establecimiento persiste, se instala un limitador acústico.
Las brigadas son de carácter pedagógico y no punitivo. “Le apostamos al compañerismo, logra un efecto más duradero que recaer en las multas de la Inspección. Para llegar a un diagnóstico real, los comerciantes no deben sentirse intimidados”, resalta Juan Carlos Méndez, representante de los comerciantes, quien además destaca la importancia de mantener el diálogo con la comunidad.
Este año, sin embargo, las Brigadas Antirruido han estado suspendidas pero el viernes 24 de enero se hará la primera socialización de resultados de las mediciones y se definirá el cronograma del año, con los brigadistas, Rumba Segura y representantes de la comunidad.
Antecedentes
La acción popular presentada por los residentes en septiembre de 2011 documenta que el ruido lo producen 70 establecimientos con venta y consumo de licor, situados entre las carreras 32 D y 37, y 36 y 40, entre las calles 8 y 10, 10 A y 10 B. Actualmente, la cifra llega a 400 en la toda la comuna 14. Los derechos colectivos que invocan los afectados son el ambiente sano, el goce y defensa del espacio público, seguridad, salubridad y tranquilidad. O al menos, como coinciden la mayoría, el derecho a dormir.
Desde el 2002, los habitantes identifican el nombre de los bares y cada cuadra de donde proviene el ruido que los desvela desde los jueves en la madrugada hasta el domingo. Algunos de los edificios afectados: Plazuelas, Florida Verde, los Catay, Los Caobos y Los Arrayanes. Más de 100 familias son perjudicadas y otras han optado por desplazarse.
Según las denuncias, la insistencia en el tema se debe a que las sanciones son ineficaces e ineficientes, pues una vez se imponen, las entidades cambian de razón social o cierran algunos días y vuelven a lo mismo. Algunos incumplimientos: altos niveles de música que sobrepasan los decibeles permitidos, bafles en el exterior e inadecuada insonorización. Incluso aseguran que son repetidas las ocasiones en que las inspecciones no atienden. El secretario de Gobierno, Wilson López, reconoce que hay deficiencia de funcionarios en las inspecciones.
Después del fallo del Tribunal, la Junta de Acción Comunal de Poblado Centro, en cabeza de Amparo Gaviria, y la comunidad, esperan la acción oportuna de la Alcaldía y las dependencias implicadas. Entre sus peticiones están controles estrictos al incumplimiento de la norma, congelación de apertura de establecimientos con consumo de licor, regulación a la extensión de horarios y control sobre otras situaciones como riñas callejeras, estacionamientos en las vías, consumo de drogas y población flotante.
