La excepción es para los certificados obtenidos antes del 13 de abril: servirán por un año mientras vuelven a ser renovados. En esa fecha la Junta Metropolitana formalizó su decisión de acatar la Ley 769, Código Nacional de Tránsito, y derogar el Acuerdo 17 de 1998 que imponía la vigencia de un año.
La respuesta a la pregunta de por qué las autoridades metropolitanas exigieron una periodicidad distinta a la establecida por una ley de la República indica que los cambios surgidos con la 769 no afectaron los asuntos de materia ambiental.
El Área Metropolitana como autoridad ambiental local advirtió que los vehículos deberán cumplir en todo momento con los límites máximos de emisión de gases, además que el desacato de la norma tiene una multa de 15 salarios mínimos diarios.
