Estigmatización, restricciones para operar, caída en usuarios y en ingresos y aumento en los costos, son los componentes de una crisis que acosa en tiempos de pandemia al gremio de los conductores de buses.
Entretanto, ellos explican que el transporte público no es un alto foco de contagio de COVID-19. “Así lo muestran estudios en Francia, España, Japón, Brasil y en Nueva York, con la MTA (Metropolitan Transportation Authority)”, dice Alberto Sánchez, Presidente de la Corporación de transportes urbanos de Colombia.
“En Colombia hay estudios muy avanzados, con la Universidad Nacional y la Universidad de Los Andes, y esa muestra científica reciente va desmitificando ese punto. Tenemos un vehículo en movimiento, ventilado con aire natural, con viajes cortos, con los respectivos protocolos de bioseguridad, necesitamos que la gente también se cuide y nos ayude”, añade Rosember Dueñas, gerente general y representante legal de autobuses Poblado-Laureles.
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“Cuando uno va con desconocidos en el transporte público, no va cantando, hablando, expulsando partículas, por el contrario se cuida y se protege más. Se ubica mejor el tapabocas. Entonces, como los buses tienen un sistema de ventilación distinta a los del metro, pedimos flexibilizar la medida de un metro de distancia. La idea no es llenar el bus hasta las puertas, pero sí trabajar al 75 % para encontrar el punto de equilibrio”, explica Dueñas.
Las cuentas de una crisis
La situación que atraviesa esta empresa con sede en El Poblado, como muchas otras de la ciudad, dicen en el gremio, también merece atención. Han pasado de liquidaciones diarias de $900.000 a $300.000, con cerca de 25 conductores despedidos y unas 2.000 familias afectadas, producto de la afectación a 350 de sus empleados.
Dichos funcionarios ganan actualmente el salario mínimo, están vinculados y asegurados por la empresa, pero el grueso de sus ingresos lo hacen por la bonificación por movilización de pasajeros. Incluso solicitan más de 10 horas de trabajo, horas extras, pero la empresa no puede permitir eso. Los conductores también están viendo caídos sus ingresos hasta en un 80 %, dependiendo del tamaño del vehículo.
Hasta junio, según Rossember dueñas, el déficit del sector en Medellín, “con unas 3.200 unidades era de $30.000 millones de pesos”.
Por esta razón, le piden al Gobierno un mercadeo sectorial en redes sociales que luche contra la estigmatización y la satanización del sector, además un subsidio de transporte que incentive el uso del bus en las clases más vulnerables y auxilios y subsidios para los transportadores.
Además solicitan apoyo con los insumos de bioseguridad, porque aseguran que las ARL no los han suplido y ahí invierten mucho dinero desinfectando cada unidad, en promedio, cada hora y media, tras finalizar un viaje.
