Revuelo y confusión generaron en la ciudadanía las decisiones tomadas por el Área Metropolitana y la Secretaría de Movilidad de Medellín respecto a la medida de pico y placa ambiental por 24 horas que comenzó a regir desde este miércoles 11 de marzo en la ciudad y la región.
En particular, el problema surgió con los vehículos convertidos a gas natural, que según el decreto 0398 fechado el martes 10 de marzo no podrían circular durante la vigencia de esta norma, pero en la noche de ese mismo día el alcalde Daniel Quintero, mediante su cuenta de Twitter, reversó dicha determinación.
https://twitter.com/QuinteroCalle/status/1237567668212785152
Quintero le solicitó al secretario de Movilidad, Carlos Cadena-Gaitán, que explicara los motivos de esta decisión, pese a que en la tarde del martes, las redes sociales de la entidad les indicaban a los ciudadanos que los vehículos a gas no estaban exentos del pico y placa. Luego los trinos fueron borrados y en vez de ello, las respuestas reforzaban el mensaje del alcalde.
https://twitter.com/sttmed/status/1237553370581225472
Este miércoles en la mañana, Quintero y Cadena-Gaitán anunciaron que el martes en la noche habían firmado un nuevo decreto, aunque hacia las 9:20 de la mañana este no había sido publicado ni en las cuentas oficiales de las entidades municipales, ni tampoco en la gaceta oficial, que es donde reposan todos los actos administrativos de la Alcaldía.
Acatamos las disposiciones de la autoridad ambiental y decretamos pico y placa de 24 horas desde mañana. Empezamos con dígitos impares y la medida no aplica para vehículos de GNV ni eléctricos @QuinteroCalle @sttmed
— Carlos Cadena (@PapaClimatico) March 11, 2020
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“Un decreto soluciona otro decreto, y no con un trino”
Respecto a la validez legal de las decisiones tomadas por el alcalde Daniel Quintero, que las anunció por su cuenta de Twitter, el abogado y docente en derecho administrativo de la Universidad Eafit, David Suárez Tamayo, explicó a Vivir en El Poblado que el mandatario y el secretario Cadena-Gaitán se hubiesen evitado los problemas que generaron tanto el decreto como sus trinos, si primero hubieran revisado la norma que ambos firmaron antes de publicarlo, y luego lo hubiesen corregido con otro decreto, y no por redes sociales.
“La ley dice que los actos administrativos de carácter general -como es el caso del decreto del 10 de marzo- para que se tengan efecto deben publicarse en la gaceta o el diario oficial. Lo pueden hacer por otros medios idóneos, pero se requiere la firma de los funcionarios, y en Twitter no hay firma”, señaló Suárez Tamayo.
En otros países la ley permite que estas decisiones se tomen por medios digitales, pero en Colombia, según el docente, este escenario aún está “crudo”, y aunque la gaceta oficial es un sistema “arcaico”, pues ningún ciudadano sabe cómo consultarla (a diferencia de Twitter, que lo reproducen miles de personas al mismo tiempo), sí es necesario que el decreto sea publicado en ese medio.
