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Los hechos que Guerra describe como comprometedores: una carta del 31 de octubre de 2007 firmada por Adelaida Salazar, Líder del Programa Bienes Inmuebles de la Secretaría de Hacienda, dirigida a Luis Enrique Ruiz, Administrador de Torres de San Lucas, en la que dice que después de una inspección ocular por parte de funcionarios del Municipio, se verificó la ocupación de una franja de terreno en dicha unidad, y que como es un bien de uso público, debe estar disponible para el servicio de toda la comunidad. Por lo anterior, Adelaida Salazar solicitó la adecuación del predio en un plazo de 30 días, y que en caso tal de que no se hiciera así, solicitaría a la Inspección de Policía, proceder de conformidad para la restitución del inmueble. Pero el 27 de noviembre Adelaida Salazar recibió una carta de Jesús Aníbal Echeverri, Concejal que lidera la Comisión Accidental, solicitando la suspensión temporal del caso Torres de San Lucas, argumentando que además del final de las sesiones, la Administración de Torres de San Lucas, solicitó ante la Comisión Accidental, dar en comodato el lote para ellos administrarlo, “por eso le dije a la Secretaría de Hacienda, que si era posible suspender la restitución de estos bienes esperando que en 2008 la Comisión en compañía de funcionarios de la Alcaldía, efectuáramos una visita técnica a la unidad.”
Esperando
El 10 de enero de 2008, Adelaida Salazar, envió una comunicación a un residente de Torres de San Lucas, informándole que la medida de restitución había sido suspendida. A Guerra le parece que las comisiones accidentales no deben pretender el favorecimiento a los particulares para que usufructúen los bienes públicos como lo viene haciendo Torres de San Lucas desde hace 23 años, a lo que Echeverri responde: “Bernardo Alejandro Guerra está en todo su derecho, pues él está esperando que ese espacio se abra, pero desconoce que hay una comisión accidental que hace un acompañamiento, y que de acuerdo con este, el Municipio determina si se abre o se cierra, aquí no se está presionando para que abran o cierren, inclusive él dice que a mí me jugaron una mala pasada porque el Administrador de Torres de San Lucas no me informó que la Secretaría de Hacienda había pedido la restitución de estos bienes, pero dicha Secretaría mandó una carta a la Inspección de Policía de El Poblado para que procediera, y la Inspección no lo hizo; además apenas el miércoles 13 de febrero, le notificaron al Administrador que se presente.”
Mala costumbre
Para Luis Enrique Ruiz, Administrador de Torres de San Lucas, el problema se deriva de una mala costumbre de los constructores: “Es una problemática muy común, los constructores entregan al Municipio el mismo lote que dejan para las unidades, además para mí, hay una falla de las autoridades por no corroborar y vigilar esto.”
El concejal Echeverri dice que el propósito es buscar un diálogo en convivencia de tal manera que se pueda dar en administración el espacio público, “o en su defecto abrir si es necesario, para mí si abren el lote bien y si no también, no tengo problema, lo importante es que uno como Concejal es un puente de la comunidad, y eso estamos haciendo, tratar de encontrar una solución en convivencia.”
Resumen
El Administrador de Torres de San Lucas, Luis Enrique Ruiz, al recibir la carta de Adelaida Salazar, mencionada antes, solicitó ante la Comisión Accidental que buscara la posibilidad de que le entregaran ese predio en comodato; Echeverri respondió que no era posible en noviembre porque ya se habían acabado las sesiones, y envió la solicitud a la Secretaría de Hacienda, para ver si era posible suspender la restitución del bien.
El jueves 14 de febrero la Comisión Accidental en compañía de funcionarios de la Alcaldía y la Personería, visitó Torres de San Lucas, y están a la espera de analizar el caso para emitir un concepto. “Las urbanizaciones con este problema que tengo reconocidas son 158, pero pueden ser alrededor de 3 mil,” afirma Echeverri.
Para Guerra la restitución o venta de los lotes apoderados indebidamente por particulares, podría ser un importante recaudo de al menos 5 mil millones de pesos que podría orientarse a la inversión social.
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